Que la tensión entre Catalunya y el Estado español va en aumento bien lo muestra el reciente cruce de declaraciones entre el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el presidente de Extremadura, José Antonio Mónago. El primero crítico la construcción del AVE a Portugal mientras las vías de comunicación de Barcelona hacen aguas, a lo cual, el presidente popular contestó, en un lamentable catalán, que «si tiene cojones, que me lo diga a la cara», desatando una lluvia de comentarios en las redes sociales.

Pero más allá de discusiones de barra de bar, esta tensión se reflejó ayer en el anuncio del Govern de que llevará los recortes de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, decretados por el Gobierno español, al Consejo de Garantías Estatutarias; el mismo órgano consultivo que denunció como «inconstitucional» la reforma laboral, pese a lo cual CiU apoyó su tramitación. El Consejo deberá emitir ahora un dictamen sobre la constitucionalidad de los recortes de Moncloa; como paso previo al recurso que el Govern prepara para el Tribunal Constitucional.

En la declaración de ayer, que la Generalitat quiere marcar como punto de inflexión, el portavoz del Govern, Francesc Homs, también explicó que encargarán un estudio sobre las duplicidades administrativas y enviarán un requerimiento al Gobierno para que cumpla con las sentencias judiciales que favorecen a Catalunya en asuntos de invasión competencial. El de ayer fue el primer paso de la Generalitat contra lo que Homs calificó como «un proceso de recentralización de las competencias de Cataluña bajo el pretexto de la lucha contra el déficit público». Habrá que ver si ahora el PP catalán sigue los pasos de sus correligionarios en la CAV.

Haciendo bueno el refrán que dice ser más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, el Govern mantiene que este pretexto no es aplicable a los recortes de la propia Generalitat, que llevan año y medio cebándose con los servicios sociales, la Educación y la Sanidad -ya han anunciado la intención de cobrar 5 euros por noche hospitalaria-. Estos recortes llevaron ayer a la huelga a los trabajadores de las guarderías públicas, que han convocado el parón hasta el jueves, para reclamar la retirada de las últimas reformas en el sector, que contemplan una disminución del apoyo educativo, la externalización de la gestión y el aumento de niños por aula.