El sistema financiero del Estado español, aprisionado por la losa de la especulación inmobiliaria e incapaz de transmitir confianza sobre su solvencia, lleva semanas en el punto de mira de los inversores internacionales, y bajo supervisión directa, no de las autoridades españolas, sino de las instituciones europeas, temerosas de que acabe haciendo aguas. Lo ocurrido con Bankia podría ser solo la punta de un iceberg que, si atendemos a lo que sostiene el premio Nobel de Economía Paul Krugman, podría tener forma de «corralito» si acaba asomando en toda su dimensión. Nadie se fía de la capacidad española de revertir esta situación, y su prima de riesgo hace tiempo que roza el umbral del rescate.

En este contexto, las entidades financieras vascas dieron a conocer ayer el impacto que la última reforma del sector va a tener en sus cuentas y, aunque quisieron restar importancia al impacto, lo cierto es que no son en absoluto inmunes al torbellino que azota al Estado. Por este motivo, la transparencia y la seriedad deben guiar sus pasos más que nunca, sin dejar de medir todas las consecuencias de los movimientos que planean acometer en el futuro.