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MEMORIA Y FUTURO

Suspendido solo dos meses el ertzaina que rompió la placa de Muruetagoiena

Interior suspendió dos meses de empleo y sueldo al ertzaina que en mayo de 2010 rompió la placa de homenaje al médico Esteban Muruetagoiena, muerto tras ser torturado. El mismo ataque contra una «víctima del terrorismo» acarrea una pena de uno a dos años de cárcel.

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I. IRIONDO | GASTEIZ

El Departamento de Interior castigó con dos meses de suspensión de empleo y sueldo al agente de la comisaría de Errenteria que el 9 de mayo de 2010 rompió la placa de homenaje a Esteban Muruetagoiena colocada en el centro de salud de Oiartzun. La sanción fue firme desde el 6 de octubre de 2011 y la actuación del ertzaina fue entendida como la comisión de dos faltas graves. Rodolfo Ares no había dado cuenta de la resolución del caso al Parlamento.

Una primera sanción de un mes y quince días de empleo y sueldo se ha debido a una falta al artículo 9.2 del reglamento interno de la Ertzaintza, que castiga «la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o administrados. En especial, las ofensas verbales o físicas». Otros quince días de sanción son por el «inclumplimiento de las ordenes o instrucciones de los superiores o responsables de servicio», tal y como recoge el artículo 9.8 del reglamento disciplinario.

Según el código interno de la Ertzaintza, el castigo por la comisión de una falta grave va de los cinco días a los dos años de suspensión.

Cárcel si fuera «del terrorismo»

El castigo al agente de la Ertzaintza por el destrozo de la placa de Esteban Muruetagoiena se ha limitado al régimen disciplinario interno de la Policía autonómica. El mismo acto contra un recordatorio a una «víctima del terrorismo» lleva aparejada una condena de uno a dos años de cárcel.

El artículo 578 del Código Penal establece que a los implicados en «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años». Además, el juez les puede imponer otras medidas accesorias como la «privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos», o la prohibición de acercarse a determinadas personas que el juez considere afectadas por lo ocurrido.

Año y medio de instrucción

Los hechos se remontan a la noche del 8 al 9 de mayo de 2010, cuando desconocidos rompieron la placa de homenaje al médico Esteban Muruetagoiena, muerto tras ser torturado, que se encontraba colocada en el centro de salud de Oiartzun. Según testimonios de vecinos, entre los implicados podía haber algún agente de la Ertzaintza. Una nueva placa fue repuesta el 6 de noviembre por decisión del Ayuntamiento.

Aralar llevó el ataque a la placa a un pleno del Parlamento de Gasteiz, celebrado el 4 de junio, en el que el consejero de Interior reconoció que «parecía» que había un ertzaina implicado. Explicó que si el dato se confirmaba se le abriría un expediente, porque «nadie puede tomar la decisión de intervenir en hecho como este que, en todo caso, hay que canalizarlos a través de decisiones judiciales o administrativas oportunas».

En aquellos momentos, el Gobierno de Lakua tenía como prioridad la persecución de determinada simbología en las calles. Pero Rodolfo Ares explicó ante la Cámara que «ningún responsable del Departamento de Interior, ningún mando de la Ertzaintza ha ordenado que se retire la citada placa».

El parlamentario Mikel Basabe pidió al consejero que cuando concluyera la investigación interna informara a todos del resultado. A la vista de que los meses pasaban sin tener nuevas noticias, Aralar preguntó en noviembre al consejero por el estado en el que se encontraba la investigación. El 17 de diciembre de 2010 respondió que se había tomado declaración a la persona implicada y que el expediente avanzaba. Nada más se supo desde entonces hasta que el pasado 2 de abril el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, volvió a preguntar al consejero de Interior por el curso de este expediente disciplinario.

Y ha sido ahora cuando Ares ha comunicado al Parlamento que el expediente adquirió firmeza el 6 de octubre de 2011, puesto que el expedientado no había presentado recurso contencioso administrativo contra el mismo.

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