El inicio del proceso judicial contra el alcalde de Errigoiti por delito electoral mantiene expectantes a muchos vecinos, que esperan que se acabe definitivamente con sus desmanes. Como reflejo de ese sentir, exconcejales comparecieron ayer frente a la casa consistorial para recordar que la actitud «totalitaria» del primer regidor «no es algo nuevo» y se prolonga desde que accedió a la Alcaldía en 1999.

Su trayectoria «llena de injusticias» se inició, según relataron, con la exclusión de los corporativos de la oposición de las comisiones, a la que siguió de las comisiones informativas y de puestos de representación en las mancomunidades. «Cuando supo que era ilegal -rememoraron-, hizo desaparecer las comisiones informativas».

El modo de gobernar de Iñaki Madariaga Otazua llevó en el primer mandato a algunos ediles jeltzales a presentar una moción de censura, que no salió adelante por un defecto de forma. También expulsó a una familia de una vivienda municipal, de carácter social, que jamás volvió a alquilar y que finalmente tuvo que ser derribada por su estado de abandono.

En los trece años como alcalde, Madariaga ha gobernado vía decreto, denunciaron, convocando un pleno cada tres meses, el mínimo legal. Además, los fija entre semana, por la mañana, para que los vecinos no puedan acudir y, en caso de hacerlo, se encuentran con que limita el aforo a cinco personas «aunque haya más espacio».

El trabajo de la oposición no es nada grato, ya que les exige que pidan cualquier documentación por escrito «y el permiso llega cuando a él le parece». «La actitud de Madariaga en los plenos -advirtieron- es sumamente prepotente. Ha llegado a llamar a la Ertzaintza para evitar que un concejal hablase en su turno de palabra».

«Miedo a las represalias»

Los exconcejales señalaron que la actitud discrecional del alcalde a la hora de otorgar permisos y otras cuestiones mantiene «amedrentados» a muchos vecinos. «Hay miedo a las represalias», dijeron; de ahí que muchos no se atrevan a denunciar los atropellos cometidos.

A Madariaga le acusan también de «presionar» a propietarios para que vendan terrenos y «repartir el pelotazo urbanístico entre sus amigos constructores, siempre elegidos a dedo».

Alertaron de que el Ayuntamiento ha superado su límite de endeudamiento y, a pesar de ello, el alcalde sigue gastando en base a la previsión de que se va a construir la planta de biomasa, algo que está en duda.