El cuerpo del periodista Alfredo Villatoro, de 47 años, fue hallado el martes por la tarde (madrugada en Euskal Herria) en una cuneta de un calle residencial de la zona sur de Tegucigalpa. Vestía el uniforme de hace dos años de los «Cobra», el cuerpo de élite de la Policía Nacional en proceso de depuración por la implicación de agentes y oficiales en delitos que incluyen crímenes, narcotráfico y robo de vehículos, un pañuelo y calcetines rojos, y presentaba dos impactos de bala en la cabeza. Solo dos horas antes, desde San Pedro Sula, el presidente, Porfirio Lobo, había asegurado que el informador seguía vivo pues se habían recibi- do pruebas de vida.

Coordinador de los informativos de la emisora HRN, una de las dos más importantes de Honduras, Villatoro era uno de los periodistas radiofónicos más conocidos e influyentes del país. Fue secuestrado el 9 de mayo cuando se dirigía a su trabajo.

Ha sido el segundo periodista ejecutado en ocho días. La víspera de su secuestro apareció el cadáver del periodista y portavoz de la comunidad gay, Erik Martínez Ávila, quien fue candidato a diputado por la corriente Fuerza de Refundación Popular, del partido surgido del Frente Nacional de Resistencia Popular que se creó tras el golpe de Estado que el 28 de junio de 2009 derrocó a Manuel Zelaya.

El portavoz de la Policía Nacional, Héctor Mejía, señaló que «ahora tenemos que identificar el mensaje que se nos está enviando con este proceder» y definió el crimen como «una afrenta directa al Estado». Afirmó que «hay leyes que se están aprobando que pueden tener consecuencias, como la Ley de Extradición recientemente aprobada y que afectan directamente a determinadas estructuras criminales», aunque se trabaja sobre varias hipótesis.

Honduras vive una ola de violencia que deja una media diaria de unos quince muertos, lo que lo sitúa entre los países más violentos del mundo. Desde 2003 han sido ejecutados 29 periodistas, 22 de ellos desde que Porfirio Lobo accediera a la Presidencia, en enero de 2010. Ninguno de estos crímenes ha sido aclarado.

El gremio periodístico hondureño condenó esta estrategia de intimidación, reclamó al Estado garantías de seguridad, denunció la impunidad y defendió el derecho a la libertad de expresión en Honduras, donde para algunos se está dando un «proceso de colombianización».