Amaiur recurrirá ante el Tribunal Constitucional español la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de vetarle información sobre los 50 principales acreedores del Estado español. La coalición abertzale pretende que los magistrados reviertan la resolución del órgano regulador del Parlamento, que en dos ocasiones se ha escudado en el carácter «reservado» de los datos para no someterlos al control de las formaciones políticas. «No se trata de que nos los nieguen a Amaiur, sino que se le oculta a toda la sociedad», defiende Iker Urbina, que denuncia el «oscurantismo» con el que se gestionan cuestiones de tanta trascendencia para las condiciones de vida de la ciudadanía. Los servicios jurídicos de la formación independentista ultiman los detalles de unas alegaciones que se presentarán en los próximos días.

El argumento legal en el que se apoya el recurso es la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución española, que garantiza el derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. Según Amaiur, la mesa no ha cumplido este mandato al no admitir a trámite una pregunta que, en su opinión, cumple con todos los requisitos.

Más allá del debate jurídico

Sin embargo, el planteamiento de la formación abertzale va más allá del debate jurídico. Y apunta a una cuestión política como es la opacidad que rodea a la deuda del Estado español. «Queremos poner nombres y apellidos a ese ente abstracto que son los mercados», señalaba a GARA el diputado Sabino Cuadra en el momento de plantear la primera pregunta. Ahora, en un momento en el que el Congreso español debate los presupuestos en diferentes comisiones, los acreedores del Estado siguen de plena actualidad. No se puede olvidar que los 27.300 millones de euros de recortes impuestos en las cuentas de este año no alcanzan ni siquiera para pagar los 28.000 millones que tiene que abonar Madrid en intereses.

«Estamos hablando de dinero público. Por eso, la transparencia debería de ser fundamental», considera Urbina, que insiste en que esta información no debería de ser accesible únicamente para los cargos electos, sino que tendría que estar a disposición de «toda la sociedad».

¿Quiénes son los acreedores?

Aportar luz sobre los «mercados» es el objetivo de una pregunta firmada por Sabino Cuadra en la que solicitaba la nacionalidad, el domicilio social y el importe total de la deuda de los 50 principales acreedores del Estado español. En concreto, se requirió la «identificación y relación a día de hoy de las 50 mayores entidades (bancos, fondos, sociedades...) poseedores de deuda pública del Estado: letras, bonos y obligaciones».

El 23 de febrero, la Mesa del Congreso rechazaba por primera vez tramitar la solicitud calificando los datos de «reservados» y aferrándose a la ley 44/2002 de Fomento de la Eficacia en el Sistema Financiero. Concretamente, el órgano dirigido por Jesús Posada esgrimió los artículos que van desde el 59 al 63, los referidos a la Central de Información de Riesgos. Este es un registro en el que bancos y entidades financieras comparten información sobre los clientes que cuentan con mayor peligro a la hora de pagar su deuda.

Esta exposición fue rechazada por Amaiur, que presentó un escrito de reconsideración en el que se volvía a instar a facilitar los informes. «No tiene sentido a no ser que el Estado español se considere un cliente de riesgo», aseguró en aquel momento Cuadra, que consideró que, en caso de que así fuese, «deberían de comunicarlo».

La petición recibió la misma respuesta por parte del Congreso. En otra comunicación fechada a 27 de marzo, la Mesa se reafirmaba en el veto. Nuevamente, los mismos argumentos de protección de datos sensibles.

«Sabiendo quiénes son sus deudores comprenderemos las bases de la política económica», señalaba entonces Cuadra, que alertó de las ayudas públicas a las entidades bancarias. Una reflexión de especial relevancia en una semana en la que la prima de riesgo española se ha disparado hasta los 500 puntos.