El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Iñaki Rica explicó ayer en la Audiencia de Donostia que el archivo de las irregularidades que una auditoría encontró en los datos de las insolvencias datadas por el fisco en 2003, y confirmadas en 2004, se archivaron de forma temporal porque la Dirección de Políticas y Presupuesto, de la que depende el servicio de auditoría, alegó que no se detectaron indicios de delito.

Rica reconoció que el caso se retomó en 2006 tras la denundia del contribuyente José Agustín Azpeitia, quien se dirigió al diputado de Hacienda Juan José Mujika -se conocían por ser ambos de Zumaia- para quejarse que ya había efectuado varios pagos en metálico a José María Bravo en la agencia tributaria de Irun y que Hacienda le seguía reclamando la deuda.

Entonces, Rica y Mujika convocaron a Bravo a una reunión. En la misma, cuando pidieron al director de la oficina de Irun explicaciones por los pagos en metálico de algunos contribuyentes y sobre cantidades que no habían sido ingresadas, Bravo, -según Rica- acusó como posible responsable a otro funcionario de la oficina «porque él se encargaba de los ingresos» .

Segunda reunión con Bravo

Rica declaró que, tres días después, mantuvieron una nueva reunión en la que Bravo extendió la sospecha a todos los trabajadores de Irun en base a que todos conocían la clave de la caja fuerte por coincidir con el teléfono de la oficina.

En el mismo encuentro, según el exdirector de Hacienda, Bravo terminó mostrándose «dispuesto a asumir responsabilidades como director de la oficina y se ofreció a pagar él mismo 150.000 euros» para compensar las irregularidades.

Rica añadió que, «ante la falta de una explicación coherente, decidimos poner el caso en manos de la Fiscalía» y añadió que él mismo se entrevistó con el Fiscal Jefe de la Audiencia de Gipuzkoa para informarle.

En la jornada de ayer, también declararon dos peritos, un jefe del Servicio de Contabilidad del fisco guipuzcoano y una jefa del cuerpo técnico de la Hacienda Tributaria estatal. Ambos reconocieron que hubo cantidades ingresadas en las arcas forales que no estaban atribuidas a ninguna persona concreta. Fueron 121 millones de pesetas en el periodo 1991/94, 17 millones de pesetas entre 1995/99 y 14.000 euros entre 2000/04.

Sin embargo, mantuvieron que estas cantidades no se corresponden con los pagos realizados en metálico al principal imputado, José María Bravo.