El pasado 29-M la policía actuó contra el bicipikete en el que participaban unas 120 personas y que comenzó a circular por las arterias de Iruñea desde el inicio de la mañana. Tras una persecución por arcenes y aceras, consiguió identificar a varios de los participantes y se incautó de 43 bicis. Según la versión de los afectados, «fuimos víctimas de un robo organizado a punta de porra, perpetrado por tres bandas armadas». Los bicipiketeros volvieron a subirse ayer a sus sillines para denunciar que se les han impuesto multas de 300 euros a los 43 ciclistas.

Los activistas aseguraron que, con su acción, ejercieron su derecho a la huelga y sostienen que circularon por la acera respetando las normas de tráfico, así como «denunciando el sinsentido de la movilidad en Iruñea y dejando claro que el coche es una máquina de infelicidad». Asimismo, criticaron la campaña de criminalización llevada a cabo por los cuerpos policiales tras la huelga y, en particular, con la cadena de detenciones de decenas de huelguistas y sindicalistas.

Tras la lectura del comunicado, se entregaron veinte alegaciones en la Delegación del Gobierno para tratar de que las multas no prosperen.

La comunidad educactiva navarra pisa el acelerador de las movilizaciones. Sortzen y Herrikoa, con el apoyo de los profesores, convocan una marcha para el 2 de junio. Mientras tanto, los centros mantienen la tensión con protestas como la que se celebró ayer en Tafalla.