El Gobierno donostiarra ha recibido de la Diputación de Gipuzkoa, concretamente del Departamento de Medio Ambiente, un informe en el que se advierte que el proyecto de estación de autobuses de Atotxa carece de una evaluación de impacto ambiental, preceptiva al tratarse de una infraestructura de transporte intermodal.

Según documentos a los que ha tenido acceso GARA, ya en octubre de 2010 el secretario del Ayuntamiento de Donostia -entonces gobernado por el PSE- indicaba que la legislación vigente obliga a «someterse a evaluación de impacto ambiental la construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales».

«No consta en el expediente que haya sido cumplido este requisito que, si se entendiera que no procede, debiera contar cuando menos con un escrito aclaratorio de la autoridad medioambiental», concluía.

Al parecer, dicho informe no fue atendido, de modo que actual equipo de gobierno volvió a preguntar a la misma persona -Juan Carlos Etxezarreta-, que en este caso firma su respuesta como director jurídico.

En el documento, fechado el pasado 25 de abril, Etxezarreta señala que a su entender el informe medioambiental es preceptivo, si bien el proyecto de Atotxa ya contaba con la autorización de Diputación. No obstante, añade que la aparición de nuevos elementos hace conveniente que se vuelva a consultar al ente foral.

Así lo hizo el Ayuntamiento. El dossier llegó primero a manos del Departamento de Movilidad y Transportes. En un informe del pasado lunes 21, el jefe de este servicio, Xabier Lertxundi, constata la intermodalidad del proyecto de Atotxa. Despejada esta incógnita, Medio Ambiente asevera que el estudio de impacto es obligatorio.

«Acatar, pero sin trampas»

El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, insistió en que el Gobierno de Bildu acatará lo que se decida en el Pleno de la próxima semana, pero «vamos a hacerlo bien, no podemos andar con trampas». Explicó también que se ha preguntado a la Diputación si dicha evaluación de impacto ambiental sería necesaria en Riberas y dijo que están a la espera de respuesta.

La evaluación retrasaría los plazos de la obra. Burutaran aseguró que tratará de «agilizar» los trámites, pero siempre «dentro del cumplimiento estricto de la legalidad».

Desde la oposición, PSE y PP se mostraron muy beligerantes. Ernesto Gasco (PSE) definió la situación como «la enésima excusa» para no construir Atotxa. Iñigo Arcauz (PP) habló de «venganza de Bildu» y mostró su temor a que «tampoco se pueda hacer el parking subterráneo» que requiere la estación del TAV.

Más comedido, Eneko Goia (PNV) eludió entrar en valoraciones sobre la necesidad o no del informe medioambiental e instó al Gobierno a que lleve a cabo «los trámites que estime oportunos», siempre y cuando «acate y cumpla los acuerdos del Pleno».