«Me niego a declararlos muertos, no los he visto, no los he enterrado», manifestó a AFP Carmen Velasco, de 95 años, madre, esposa, hermana, tía y cuñada de cinco desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que clama porque el Estado chileno establezca un estatus de «desaparición forzada», que los ubique en una condición especial de víctimas.

Cuando supo que a 39 años del golpe de Estado un millar de detenidos desaparecidos seguían censados en el padrón electoral se indignó. Para ella, sus familiares no están vivos, ni muertos, sino desaparecidos forzosamente en manos de la dictadura, porque nunca pudo encontrar sus restos ni saber cómo murieron. Para los registros oficiales, en cambio, están vivos.

La subdirectora del Servicio de Registro Electoral, Elizabeth Cabrera, negó que se trate de un «error» y afirmó que «no hay ni certificado de defunción emitido por médicos ni sentencia de muerte presunta emitida por algún tribunal».

«Se están riendo de nosotros», denunció Velasco, vestida con una chaqueta azul sobre la que cuelga con un alfiler una fotografía en blanco y negro de cada uno de sus cinco familiares desaparecidos desde el 4, 5 y 10 agosto de 1976.

El padre de Virginia Vega fue detenido y desaparecido hace 30 años. Ella trató de tramitar la herencia familiar de las dos casas que pertenecían a su padre, pero como no tenía su certificado de defunción las gestiones fueron en vano. Es ahora cuando, acogiéndose a la normativa que permite resolver conflictos patrimoniales, está logrando recuperar las viviendas.

Gabriela Zuñiga sigue a día de hoy legalmente casada pese a que su esposo es uno de los 3.000 desaparecidos que dejó la dictadura. Cuando fueron a censarla hace unas semanas, quiso dejar constancia de que estaba casada con un detenido desaparecido. «La chica me dijo que no era posible especificarlo, que no había ninguna casilla que pudiera marcar. Le dije que lo pusiera a lápiz. Pero dijo no se podía. Al final, puso que yo estaba casada pero que no vivía con mi marido», explicó molesta.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, el tema de fondo «es que hay un Estado que nunca asumió el genocidio y no enfrenta la situación de la desaparición forzada, por lo que siguen estando legalmente vivos, aunque fueran plagiados hace casi cuatro décadas. Esto también es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias».