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RENTA DE GARANTÍA DE INGRESO

Miles de ayudas sociales bloqueadas en Lanbide

El 13 de diciembre del pasado año Lanbide relevó a los ayuntamientos en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El proceso de cambio de competencias y un funcionamiento caótico están llevando a miles de personas del riesgo de exclusión a la pura pobreza.

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Txotxe ANDUEZA

Cada día se repite el mismo ritual a las puertas de las oficinas de Lanbide. Desde primeras horas del día, a veces antes del amanecer, empieza a formarse una cola de personas de muy distintas procedencias, a quienes une el objetivo de conseguir ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos. Aunque con esta ayuda se pretende proporcionar recursos económicos mínimos a personas en situación o riesgo de exclusión, miles de solicitantes pasan meses sin cobrar. Por eso, durante la espera, hay tensión y cansancio en las miradas, y un deje de impotencia en los relatos.

Un ciudadano de Mali que lleva sin noticias de su expediente desde enero; un joven procedente de Pakistán, que tiene la suerte de conseguir algún contrato que otro en una fundición, pasa casi todo su tiempo libre en una oficina en la que al menos puede tramitar el subsidio, aunque su solicitud de RGI lleva meses atascada; un tercero, procedente del Sahara Occidental, que ya lleva cuatro meses sin respuestas. Ellos conforman el pelotón de cabeza a la espera de la apertura de puertas en una oficina cualquiera de Lanbide. Hombres jóvenes en su mayoría, personas migradas casi todas, que no tienen trabajo ni recursos propios.

A las nueve de la mañana, también cada día, la misma escena con distintos protagonistas: la persiana se abre lentamente, las decenas de personas que se alineaban de forma más o menos ordenada empiezan a agolparse, aparecen las tensiones. Y es que aunque esta escena se repite con más o menos virulencia cada mañana en cada oficina desde hace unos meses, nadie se ha tomado la molestia de informar, organizar, ayudar a que cada cual sepa cómo reaccionar ante esa apertura de puertas sin perder derechos, sin pisar los de los demás.

La mayoría de quienes acceden a estas horas al servicio de empleo son solicitantes de la RGI, que respetan el orden de llegada para recoger un número, porque de ello depende que sean atendidos en el día. Para otras gestiones, -darse de alta como demandante de empleo o prestaciones- hay cita previa. Pero de eso se enteran cuando ya están dentro, y después de que unos hayan pronunciado y otros oído aquello de «putos negros» cuando no se ha llegado a las manos y ha terminado actuando la Ertzaintza.

«Esto es un cachondeo»

A los pocos minutos de abrirse las puertas empiezan a salir las primeras personas que han sido atendidas. Cuando se les pregunta por el resultado de sus gestiones, casi todos terminan con la misma frase: «Me dicen que espere». Y lo dicen con una expresión de escepticismo en la cara y encogiendo ligeramente los hombros. Solo alguno expresa su hartazgo: «Esto es un cachondeo», aunque, al parecer, no cree que pueda hacer ya mucho más. Tal vez la próxima semana...

Y sin embargo, las historias de quienes pasan cada día por estas oficinas retratan situaciones que rozan el drama. Es el caso de un joven argelino que solicitó las ayudas el 1 de setiembre, cuando aún las gestionaba el Ayuntamiento. Antes de que se la concedieran se dio el relevo a Lanbide... y hasta hoy. Le dicen que no aparece su expediente y que como ya ha pasado mucho tiempo, es mejor que inicie otra vez la solicitud. Se va con un listado de la documentación a aportar: copia de la solicitud, documento de identidad, padrón, vida laboral, declaración de renta, certificación de no recepción de prestaciones, pensiones, subsidios, contrato de habitación y certificado de pagos, solicitud en Etxebide... Ocho meses después, vuelta a empezar.

Otra persona que hizo su solicitud en octubre, y a la que dijeron, como en todos los casos, que cobraría en unos dos meses, aún no tiene resolución. Además, durante este tiempo ha cambiado de domicilio, con lo que tiene que entregar el contrato de alquiler y, como no llega a tiempo al horario de atención, tiene que volver al día siguiente. Ya le avisan, como a otras muchas personas, que tendrá que madrugar más.

Una ciudadana procedente de Paraguay dice que solicitó las ayudas el 12 de enero. Pasaron los dos meses de rigor sin que tuviera respuesta. Calcula que en este tiempo habrá ido unas diez veces a interesarse por la situación de su expediente. El resultado siempre es el mismo: «Que espere».

Paradojas

El actual modelo liga la Renta de Garantía con la empleabilidad. Pero hay situaciones que contradicen esa filosofía. Es el caso que nos relataban a las puertas de Lanbide: «Llevaba más de un mes esperando la respuesta a mi solicitud de RGI cuando me ofrecieron un contrato de octubre a diciembre. Cuando acabé, pedí la reanudación del expediente y me encontré con el bloqueo de Lanbide. Y hasta hoy». Paradójicamente, lleva seis meses sin cobrar ayuda alguna por aceptar un empleo. Una de dos: o el planteamiento de fondo falla en un momento en que se destruye empleo y aumenta el desempleo de larga duración, o el sistema hace aguas por deficiencias en la gestión.

CAJAS «VIAJERAS»

La gestión de las ayudas sociales está en manos de la empresa Indra, que tiene todo el control sobre los expedientes. Hay un ocultismo total sobre el destino de las cajas con los expedientes que periódicamente trasladan operarios de esta empresa.

Renta de Garantía de Ingresos, un derecho equiparable a educación y sanidad

La Plataforma de Gasteiz en favor de los Derechos Sociales, formada por la mayoría de sindicatos y un gran número de organismos y asociaciones, ha acudido en las últimas semanas a las oficinas de Lanbide para denunciar «la situación de colapso en la que viven tanto usuarios como trabajadores» desde que Lanbide asumió la gestión de la RGI, la Prestación Complementaria de Vivienda y los Convenios de Inclusión.

Iñigo Antepara, miembro de esta Plataforma, relata que «han acudido a nosotros personas que sufren retrasos enormes, alguno a quien ni siquiera se ha dado inicio al expediente. Incluso con la posibilidad de que se pasen los plazos de reclamación... Y a cambio lo que han recibido ha sido una campaña mediática acusándoles poco menos que de caraduras». Esta iniciativa proclama que la Renta de Garantía de Ingresos «es un derecho de las personas, equiparable a otros derechos sociales como la educación, la sanidad...» y reivindica unos ingresos «dignos, por encima del umbral de la pobreza».

Con su presencia en las oficinas del servicio de empleo, la Plataforma gasteiztarra pretendía denunciar el «caos organizativo» de Lanbide, del que responsabilizan a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Gema Zabaleta; y visibilizar una problemática «que sufren con especial énfasis mujeres y personas con multidisfuncionalidad».

Pero más allá de la mera denuncia, ha sido un intento de dar protagonismo a las personas que sufren esta situación. Han realizado dos asambleas, en las que ha participado un gran número de personas afectadas, y han comprobado que «la gente estaba dispuesta a casi cualquier cosa: denuncias colectivas, concentraciones... incluso huelgas de hambre», propuesta que alguien remató con un sentido del humor acorde con la gravedad de la situación: «sería la manera de sacar provecho a la falta de recursos incluso para comer».

Para Antepara, «el sistema de la RGI ya hacía aguas, Lanbide solo le ha dado la estocada». Por eso, la plataforma se plantea abordar un debate «sobre las causas de la pobreza, los nuevos modelos sociales y las alternativas que necesitamos». Tx. A.

Los trabajadores hablan de indefensión, fustración e incredulidad

Las personas que atienden a los solicitantes de ayudas sociales en las oficinas de Lanbide son también parte perjudicada por el caos originado desde que el Servicio Público de Empleo de la CAV asumiera y privatizara la gestión de estos expedientes. Uno de estos trabajadores resume en tres palabras su situación: «Indefensión, frustración, incredulidad».

«No tenemos respuestas, porque en la mayoría de los casos los expedientes no han sido tramitados, se han perdido, siguen bloqueados o incluso han generado requerimientos surrealistas como contratos laborales a pensionistas, vida laboral a personas sin permiso de trabajo...». Asegura, además, que carecen de herramientas «para solucionar dudas técnicas, o consultar situaciones concretas de expedientes». Solo cuentan con un servicio de atención por correo electrónico «absolutamente insuficiente».

En medio del «caos reinante, del incumplimiento de plazos, de la mala organización del servicio y de la vulneración de derechos sistemática que se está produciendo», los trabajadores asisten incrédulos a las declaraciones de los responsables del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales «sobre sus exitosos planes, su lucha contra el fraude, sus datos manipulados...». Tx. A.

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