Las cifras difundidas en la rueda de prensa que tuvo lugar ayer en Berriozar reflejan a la perfección cuál es la precaria situación de los derechos civiles y políticos en nuestro país. Si bien los datos presentados se circunscriben a Nafarroa Garaia, son extrapolables al conjunto de Euskal Herria.

En apenas cinco años, desde 2007, en el herrialde se han registrado 14 operaciones policiales contra distintas organizaciones políticas; han sido detenidas 87 personas; 80 han sido procesadas por los tribunales del Estado español; el tiempo total que han permanecido en prisión suma más de 81 años; y las fianzas a las que han tenido que hacer frente ascienden a 760.000 euros.

Más allá de esos datos, destacaron que, en la mayoría de los casos, esas personas fueron «torturadas y encarceladas», y muchas fueron puestas en libertad provisional tras pasar, incluso, más de tres años en prisión.

Y esta situación sigue provocando que en la actualidad 23 ciudadanas y ciudadanos navarros se encuentren en la cárcel -16 de ellas en prisión «preventiva»-, que 50 estén en libertad a espera de juicio y que otras 7 permanezcan en la calle pero con la espada de Damocles de estar esperando a que se dicten las correspondientes sentencias después de haber sido juzgados.

Doble llamamiento

Una representación de estas decenas de personas enjuiciadas por ejercer su derecho a participar en labores políticas hicieron ayer un doble llamamiento. Por un lado, a quienes durante los últimos años han diseñado estas detenciones o encarcelamientos, a quienes exigieron «que paren la maquinaria represiva» y les advirtieron de que, precisamente, «nuestra presencia aquí demuestra la inutilidad de este camino».

Por otra parte, se dirigieron al conjunto de la sociedad para «que siga dando pasos para que en el futuro esta situación sea parte del pasado; para conseguirlo -subrayaron-, la movilización y la denuncia siguen siendo clave».

«Como navarros y navarras -prosiguieron en nombre de todos ellos Oihana López y Patxi Urrutia-, hemos sido parte de una oleada represiva desatada en toda Euskal Herria destinada a castigar la militancia a favor de nuestro pueblo». En este contexto, afirmaron que «Nafarroa ha sido, y es, un laboratorio represivo donde el Estado pretende criminalizar y castigar todo derecho civil y político».

El objetivo de su comparecencia pública también fue expuesto con claridad: «Queremos visualizar todo lo que estamos relatando. Somos personas absolutamente arraigadas en nuestro pueblo y no números pertenecientes a determinados sumarios diseñados en cuarteles, comisarías o despachos judiciales. Por eso decimos : «Auzipetuak? Bai zera!». Eslogan que aparecía también en un cartel colocado en el lugar donde se desarrolló la rueda de prensa.

Y quisieron incidir en cuál será su posición en el marco del nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria: «Nosotros y nosotras, como personas enjuiciadas, tendremos una actitud decidida y activa, y seremos protagonistas en este proceso».