El 31 de mayo marca la fecha límite para la presentación de los impresos de la declaración de la renta en el Estado francés. Los contribuyentes que opten por dar cuenta al Estado de sus ingresos a través de internet tendrán la posibilidad de demorar el trámite hasta mediados del mes de junio.

Aunque palabras como crecimiento y solidaridad inundan los discursos del nuevo inquilino del Elíseo, una lectura de la ley de impuestos por la que se regirá esta Campaña de Renta 2012 permite concluir que en la Francia del «cambio ahora» que preconiza François Hollande a los ciudadanos les tocará rellenar su declaración tributaria con la calculadora del pasado. Y en algunos casos, las consecuencias de ese desfase serán particularmente dolorosas.

El proyecto de finanzas 2012 preveía una revalorización en un 2,1% de las franjas del baremo progresivo de impuesto aplicable a los ingresos por trabajo habidos en 2011. Sin embargo, el plan de rigor presupuestario anunciado en octubre de año pasado se tradujo en la congelación de esa actualización.

Como consecuencia, numerosos ciudadanos que hasta la fecha no eran imponibles pasarán a convertirse en contribuyentes.

Más contribuyentes

Aunque el Ministerio de Finanzas evita aportar cifras definitivas, en medios parlamentarios algunas estimaciones avanzan que unas 200.000 personas, en lugar de recibir una carta eximiéndoles de obligación de pago en este impuesto, hallarán a finales de verano en su buzón un correo anunciándoles que deberán aportar más por su trabajo a las famélicas arcas de la República.

Pongamos un ejemplo en el que se pueden reconocer no pocos trabajadores a tiempo parcial o con un contrato temporal.

Una trabajadora con unos ingresos de 10.900 euros en 2010 no era imponible en 2011. Si el sueldo de esa trabajadora se revalorizó, de acuerdo a la inflación, hasta alcanzar los 12.150, en la actual campaña de declaración -al no haberse actualizado las franjas progresivas de imposición- pagará 104 euros en concepto de IRPF. Aunque la cifra pueda parecer poco significativa, refleja a las claras el esfuerzo extra que se reclamará a los segmentos de población más vulnerables, los que acusan la precarización en la que han incidido las sucesivas reformas para «flexibilizar» el mercado de trabajo.

François Hollande, el presidente del «crecimiento», se servirá de los recursos extra pescados con la pelágica de la austeridad lanzada por Sarkozy hacia los trabajadores.

Otras vías recaudatorias

Aunque el presidente Hollande ha sugerido que aumentará las bonificaciones de la llamada «Libreta A», la fórmula de ahorro más popular de las familias francesas, lo cierto es que la declaración fiscal de este año, bajo el argumento de gravar los ingresos por capital, volverá a penalizar el ahorro.

En 2011, el Estado ya recurrió a dos subidas directas para enjugar su déficit. Ahora, vía impuestos, el Estado volverá a arañar aportaciones a esos a quienes para la ocasión denomina inversores y que, en la mayoría de los casos, son ciudadanos que tratan de obtener una remuneración correcta para sus ahorros y prepararse así para las contingencias futuras.

Esta política de austeridad traducida al sistema fiscal no pretende recaudar más de quien más tiene sino socializar el pago de la factura de la crisis. Por eso no penaliza al gran capital sino que arrasca en el bolsillo del ahorrador medio. Por eso prevé aumentar la recaudación por cotizaciones sociales vía reducción de deducciones sobre el salario, en vez de favorecer que aumente el número de contribuyentes con obligación de pagar el Impuesto sobre la Fortuna (ISF).

«Nichos fiscales»

Siguiendo la tendencia de las dos últimas leyes fiscales, la de 2012 se traducirá en una simplificación del mapa de los llamados «nichos fiscales» -existen cerca de 500 dispositivos para favorecer a determinados sectores o categorías sociales-. La bajada del IVA -al 5,5%- aplicada por Sarkozy a la hostelería desaparece en el presente ejercicio y está por ver si Hollande repondrá la rebaja.

En la actual declaración se preservan otros muchos incentivos. Algunos de orientación social, como los dedicados a promover el empleo, la eficiencia energética en los hogares o el apoyo a sectores vulnerables -niños, ancianos, personas con minusvalías-.

Y otros algo más llamativos como los que exoneran desde el cultivo de la trufa a la compra de grandes vinos. Sin olvidar las ventajas fiscales sistemáticas de las que gozan ciertos colectivos profesionales, entre los que se incluyen los periodistas.