TRAS LAS DETENCIONES DE LAS LANDAS
Ares remarca el cese total de ETA ante nuevas insinuaciones de Fernández
Las detenciones de Oroitz Gurrutxaga y Xabier Aranburu han sido usadas por el Gobierno español para relanzar insinuaciones sobre movimientos de ETA, aunque ayer el ministro rebajara el tono de la nota inicial de Interior. Por contra, el consejero del ramo de Lakua, Rodolfo Ares, confirma que «ETA ha abandonado todas las actividades terroristas». Así las cosas, Aralar incide en la necesidad de verificación.
R.S. | DONOSTIA
En plena visita del Grupo Internacional de Contacto y tras la apelación reciente de la Comisión Internacional de Verificación a abrir contactos con ETA, el Gobierno español intenta dar oxígeno a su estrategia inmovilista con las detenciones practicadas el domingo en Las Landas. Y recrea, aunque de manera muy ambigua, sombras sobre el cumplimiento del cese definitivo de la lucha armada decretado hace ya siete meses y garantizado por los verificadores internacionales.
No solo los expertos internacionales desacreditan este afán del Gobierno español. También lo hacen sus aliados del Ejecutivo de Lakua. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, cuestionó ayer que Gurrutxaga y Aranburu estuvieran intentando captar nuevos militantes para la organización, como indica el Ministerio de Interior a modo de hipótesis. Preguntado por ello en los pasillos del Parlamento, Ares dijo ayer que «toda la información de que disponemos confirma que ETA ha abandonado to- das las actividades terroristas».
Recalcó Ares que no le consta que haya tareas de captación «más allá de la infraestructura para mantenerse en la clandestinidad». Una versión que sí es compatible con las declaraciones hechas ayer por el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, y que matizan la nota del domingo en la medida en que no alude ya a intentos de captación. En un acto en Algeciras (Cádiz), Fernández censuró ayer que los arrestados «no solo se niegan a disolverse, sino que además van armados, roban coches y usan documentación falsa, lo que no hacen los ciudadanos normales».
A partir de ahí, el ministro español instó a los verificadores y expertos internacionales que intentan impulsar una solución en Euskal Herria a que «pregunten a ETA los motivos por los que hace esto».
En realidad, la Comisión Internacional de Verificación ya aludió a esta cuestión en su última visita a Euskal Herria, en mayo, en la que precisamente el PP fue el único gran partido que se negó a recibirles. La CIV explicó que había contactado con ETA y que esta organización le había revelado que está dispuesta a hablar de desarme, tras lo cual los verificadores pidieron al Gobierno español flexibilidad y diálogo. Estos expertos se refirieron igualmente a la cuestión concreta de las armas, para informar de que no han conseguido que los militantes de ETA renuncien a llevarlas, pero que sí se comprometan a no usarlas «ni para evitar posibles detenciones ni en acciones ofensivas». Según Interior, los arrestados en Cauna llevaban un arma cada uno, pero no las utilizaron.
Aralar pide responsabilidad
Así las cosas, Aralar mostró en una nota su «preocupación» por estas detenciones y demandó sobre todo la necesidad de que los estados español y francés «actúen con responsabilidad. Les queremos recordar la necesidad de la verificación ante el momento en el que nos encontramos. Por otro lado, queremos decirle a la organización ETA que, siguiendo lo recogido en el Acuerdo de Gernika, tiene que dejar la lucha armada unilateralmente, y eso significa que tienen que dejar definitivamente el uso de las armas y que la excusa de la defensa personal no es aceptable».
«Lo acontecido no ayuda en nada al proceso de pacificación y normalización; al contrario, justifica a aquellos que se dedican a poner obstáculos a la paz -añade Aralar en esta valoración de la redada-. Pero, una vez más, queremos subrayar la necesidad del cumplimiento íntegro del Acuerdo de Gernika, e instamos a los a los estados francés y español y a la organización ETA a que actúen con responsabilidad».
Mientras tanto, durante la jornada tanto Xabier Aranburu como Oroitz Gurrutxaga permanecieron en la comisaría de Baiona, adonde fueron llevados el domingo desde Cauna. Se ignora de momento cuándo serán trasladados a París.
El Ministerio de Interior español aseguró en una nueva nota de prensa emitida ayer que cree que Gurrutxuga es el jefe del aparato militar de ETA y que tomó el cargo a mediados de 2010, y con él la responsabilidad de captar a nuevos militantes para la organización, para lo que habría contado con la ayuda de Aranburu.
Cita la nota que su hermano Egoitz falleció en 2002 en la explosión de Bolueta, junto a Hodei Galarraga. Y añade que Oroitz pasó a la clandestinidad «en abril de 2008, para evitar una nueva detención». En un hecho inédito, Gurrutxaga dio cuenta de que se integraba en ETA junto a otras nueve personas de modo público.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional explicó ayer que pedirá la extradición de este vecino de Orereta por tres causas, todas ellas sin delitos de sangre: dos son por «pertenenencia» y otra por kale borroka.
En Orereta, localidad de Gurrutxaga, se manifestaron 500 personas para denunciar su detención. También se había convocado otra movilización en Ondarroa, localidad de Aranburu.
Interior sitúa ahora a Gurrutxaga como jefe militar de ETA desde 2010, pero paradójicamente cuando detuvo a Alejandro Zobaran -junto a Jone Lozano en marzo de 2011- dijo que este era el máximo responsable del aparato militar de ETA.
La entrega de Ibai Peña por parte del Estado francés a las autoridades españolas, efectuada el pasado viernes, fue criticada ayer por una docena de colectivos políticos, sociales y sindicales, que se dieron cita en Gasteiz para denunciar esta «nueva agresión» y poner de manifiesto que no responde al ciclo político abierto tras el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA.
En una rueda de prensa ofrecida en el Alkartetxe de la capital alavesa, Igor López de Munain y Aitor Anda, en representación de los agentes convocantes, criticaron la euroorden emitida por el Gobierno de Rajoy contra Ibai Peña, que ayer mismo fue llevado a la Audiencia Nacional española para escuchar las acusaciones que han motivado su detención.
En opinión de los dos portavoces, que comparecieron acompañados por el padre de Ibai, Felipe Peña, las euroórdenes son una «herramienta represiva» propia de «un «ciclo ya agotado» y «carente de toda lógica en la actual fase política». Tal como denunciaron, los dos estados implicados han respondido a la decisión del pasado 20 de octubre con «más represión» y nuevas detenciones.
En este sentido, López de Munain aprovechó el turno de preguntas para denunciar los arrestos de Las Landas. El miembro de Aralar cargó contra los arrestos y recordó que «ahora les toca a los estados implicados realizar un paso adelante en favor de la resolución del conflicto político».
Un «paso» que tiene como horizonte el final definitivo de la represión. «Cuando este conflicto ha pasado ya a una fase resolutiva, es inadmisible que se actúe así por parte de los estados español y francés. No aceptaremos que se realicen este tipo de ataques», concluyó.
El ministro de Interior, Jorge Fernández, se quejó de que las valoraciones de la redada en Euskal Herria muestren preocupación «en lugar de solidarizarse con las víctimas de ETA». I. SALGADO
El Grupo Internacional de Contacto mantuvo ayer una primera jornada de reuniones en Euskal Herria y quizás emita hoy algún posicionamiento tras la gira. Además, y al margen de esa ronda, uno de sus miembros -Alberto Spektorowsky- comparecerá también hoy en la ponencia del Parlamento de Gasteiz. Sin embargo, el PP le dará plantón, según dio a conocer ayer de modo muy virulento su líder, Antonio Basagoiti: «Los verificadores y contactadores se llenan los bolsillos mientras ETA se pasea con armas. No vamos a ir a una ponencia con ese señor. No hay mejor verificación que el que ETA entregue las armas y nos deje en paz. ¿Qué pintan aquí todos esos?». GARA
