El lema de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se celebrará entre el 20 y el 22 de junio, es «El futuro que queremos», aunque no se contempla un papel oficial para los jóvenes ni para nadie que hable en nombre de las próximas generaciones que tendrán que vivir en ese futuro.

Lo que sí hay son reclamaciones para que la cumbre establezca un alto comisionado para las futuras generaciones.

«Nací en 1992, el año de la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Desde entonces, el mundo ha cambiado mucho», dice Andrew Wong, residente en Burlington (Canadá). Wong irá a Río+20 como parte de la delegación de «Students on Ice», una organización que ofrece expediciones educativas al Ártico y a la Antártida. «Queremos llevar la voz de nuestra generación. Ellos van a tomar decisiones en nuestro nombre».

Desde Londres, Alice Vincent, del Consejo Mundial del Futuro (WFC) pregunta: «¿Quién puede oponerse a proteger los derechos de las futuras generaciones?».

«Un alto comisionado para las futuras generaciones contrarrestaría la naturaleza cortoplacista de los ciclos electorales, al defender los intereses y las necesidades de las generaciones venideras», añade Vincent

Kathleen Dean Moore, profesora del Departamento de Filosofía de la estadounidense Oregon State University, estima que «la injusticia del cambio climático y del agotamiento de los recursos radica en que quienes sufrirán las consecuencias más terribles -las futuras generaciones- no jugaron ningún rol en su creación». Ellas «no ganarán nada del saqueo de la Tierra que acontece frente a nuestras narices, pero padecerán sus consecuencias: inundaciones, sequías, escasez y alteración de los sistemas alimentarios y una violenta meteorología».

Ni en el sistema de la ONU ni en el ámbito nacional existe una figura semejante, quizás con la excepción del Ombudsman (equivalente al defensor del pueblo) para las Futuras Generaciones de Hungría.

El WFC es una fundación sin fines lucrativos con sede en varias ciudades, que trabaja para que los intereses de las futuras generaciones sean considerados en la elaboración de políticas actuales. En alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, ha conseguido que esta idea se incluya en el borrador del documento final de Río+20.

A la cita acudirán unas 50.000 personas, entre ellas 130 gobernantes, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los primeros ministros de India, Manmohan Singh, y de China, Wen Jiabao.

Río+20 se llama así porque tendrá lugar en la misma ciudad dos décadas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que dio origen a tres de los principales tratados ambientales: las convenciones sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación.

En Río+20 no se firmará ningún tratado de esa envergadura. Pero su documento final debería servir de hoja de ruta mundial hacia el desarrollo sostenible. Este texto incluirá medidas para hacer más «verde» la economía mundial y, posiblemente, unos objetivos de desarrollo sostenible y un calendario para cumplirlos.

El «borrador cero» del documento final es objeto de arduas negociaciones. Al recibir las sugerencias y recomendaciones de los estados miembros de la ONU y de los grupos principales de la sociedad civil, llegó a contar con 4.000 páginas. Lejos de ser un documento de consenso, se espera que cuando los gobernantes lleguen a Río+20, el texto tendrá unas 20 páginas. «Nuestra propuesta de un alto comisionado sobrevivió, pero debilitada», dice Vincent, quien participó en las negociaciones de Nueva York.

En la versión distribuida el 28 de mayo, los estados solo acceden a «considerar» la propuesta de un Alto Representante para el Desarrollo Sostenible y las Futuras Negociaciones, posiblemente integrado a una oficina ya existente, no independiente. Pero es crucial que esa figura disponga de amplias potestades para cumplir con una agenda que considere las necesidades de las próximas generaciones junto a los intereses actuales, señala Vincent. «Imaginamos un alto comisionado con una oficina pequeña y un personal multidisciplinario que trabaje en cooperación con instituciones, agencias y actores ya existentes», agrega.

Con un presupuesto anual de entre dos y tres millones de dólares, esa oficina recomendaría cómo implementar los compromisos intergubernamentales existentes respetando las necesidades de quienes nos sucederán en el planeta.

La Unión Europea apoya la propuesta, y países como Australia, Canadá, Noruega y Suiza muestran interés. Pero, como en toda negociación que exige consenso, no hay nada acordado hasta que se pacte todo, y los resultados empezarán a verse a medida que se den nuevas discusiones.

Como su nombre indica, la versión del 28 de mayo añadió un nuevo rol al alto representante, como promotor del desarrollo sostenible, pese a las objeciones de Vincent y de otros que promueven esta figura. «Tengo muchas sospechas sobre esta combinación de desarrollo sostenible y derechos de las futuras generaciones. El desarrollo continuo no puede sostenerse. Lo que necesitamos es un equilibrio sostenible, o una prosperidad sostenible», plantea Moore. Los países deben rechazar «la concepción occidental de que el crecimiento económico infinito es bueno y necesario», concluye.