El que puedan votar en el País Vasco los cientos de miles de «exiliados», y podrían ser más, que según los últimos sondeos del Partido Popular abandonaron Euskal Herria por causa de un conflicto que los mismos populares tildan de inexistente, no tiene por qué ser la única reforma electoral.

Otras medidas debieran adoptarse cuanto antes. Y entre ellas, ninguna más justa y comedida que implementar el voto de los caídos por Dios y por España, como una manera de honrar sus cívicas trayectorias manteniendo vivos sus ideales. Este voto sería depositado por el partido o movimiento que hubieran respaldado en vida.

Otra imprescindible medida sería la de aplicar la fórmula 3 por 1, variable electoral que facultaría a ciudadanos insignes triplicar su capacidad electiva, porque no puede aceptarse que, en aras de una pretendida representatividad, puedan equipararse los votos de eximios demócratas de intachable conducta con los de intolerantes violentos.

Y debe también considerarse, para ejercer el voto, la obligatoriedad de que todos los electores compulsen, vía administrativa, una declaración jurada de condena a la violencia, acompañándola de un certificado de pasiva conducta expedido por la administración respectiva y avalado por dos garantes, demostrando no haber tenido nunca nexos de ningún tipo con entornos y umbrales sospechosos.

Igualmente, sería recomendable la instalación de polígrafos junto a las urnas, capaces de detectar la verdad o mentira de la declaración citada que, caso de duda, quedaría a la interpretación de la Junta Electoral.

Todo sea por la patria.