Ante el revuelo causado por la reunión de los ministros de Economía del G7 para abordar la difícil situación de la zona euro, el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, calificó de exagerada la alarma y quiso restar importancia a lo que calificó como intercambio regular de información. Sin embargo, sus palabras distan mucho de responder a la realidad, ya que este tipo de convocatorias no son habituales y tampoco se hacen públicas. Si pretendía lanzar un mensaje tranquilizador, el portavoz comunitario cometió el error de no tener en cuenta que hoy en día la información fluye de forma tan rápida que para cuando compareció en rueda de prensa todo el mundo sabía que los países más ricos del planeta habían decidido monitorizar conjuntamente la situación de Grecia y del Estado español y que, en este último caso, existe una gran preocupación por la situación bancaria tras la nacionalización de Bankia.

Poco después, Cristóbal Montoro intentó relativizar el alcance de la ayuda que Madrid necesita para financiarse, al afirmar que no es una cantidad «excesiva». El ministro de Hacienda tampoco logró su objetivo, y su posterior rectificación sosteniendo que el Estado no necesita ayuda exterior resultó incluso ridícula.

Si una de las máximas de la teoría económica sostiene que la incertidumbre es la peor enemiga de la economía, la falta de credibilidad no es un lastre menor para la clase política. Intentar anestesiar a la opinión pública con declaraciones que se ven inmediatamente desmentidas por los hechos es una falta de respeto hacia quienes reciben el mensaje y una torpeza impropia de aquellos que ostentan importantes responsabilidades. No es admisible que se pretenda engañar a la sociedad, y tampoco es posible hacerlo. Por tanto, mejor harían esos portavoces y mandatarios en destinar el tiempo y el esfuerzo que dedican a tapar la realidad, a defender los intereses de quien no quiere ser engañado.