Nueva macrocárcel en Iruñea
Fernández no quiso que Bildu y NaBai empañasen su inauguración
Patxi Zabaleta y Bakartxo Ruiz, portavoces de NaBai y Bildu en el Parlamento navarro, acudieron ayer a la inauguración de la nueva cárcel de Iruñea con la intención de entregar una carta al ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, en que reclamaban el fin de las medidas de excepción aplicadas a los presos políticos. Las Fuerzas de Seguridad se lo impidieron. El ministro, por su parte, rechazó cualquier «medida colectiva» y exigió «arrepentimiento».
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA
Los portavoces de NaBai y Bildu en el Parlamento navarro, Patxi Zabaleta y Bakartxo Ruiz, intentaron entregar al ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, una carta en la que reclamaban el fin de las medidas de excepción aplicadas a los presos políticos vascos, aprovechando su presencia en la inauguración de la nueva cárcel de Iruñea.
Sin embargo, no fue posible ya que las fuerzas de seguridad les impidieron acercarse a Fernández Díaz para entregarle la misiva. Incluso no les permitieron acceder al interior del recinto carcelario, más allá del primer patio, lo que sí hicieron otros portavoces como Carlos García Adanero (UPN) o Enrique Martín (PP), además de autoridades civiles, militares y religiosas.
Los servicios de seguridad también impidieron a Zabaleta y Ruiz explicar cuál era el motivo de su visita a la cárcel inaugurada ayer, ya que les conminaron a abandonar el recinto cuando atendían a los medios. Escasos metros más allá se celebraba un lunch animado con música chill-out junto al alambre de espino, aún reluciente.
En la carta que no pudieron entregar se reclamaba al ministro que «dé los pasos necesarios para avanzar en el respeto de los derechos de los presos políticos vascos. En definitiva, es el momento de situar la política penitenciaria en claves de solución, de manera que incida de un modo positivo en la nueva era abierta para la resolución del conflicto».
En concreto, reclamaban el traslado de todos los presos vascos a Euskal Herria, la derogación de la doctrina 197/06 y la liberación de los presos que han cumplido la totalidad de la condena, así como los dos tercios o tres cuartas partes de la misma. Junto a ello, solicitaban la puesta en libertad de los presos que padecen graves enfermedades.
Los dos portavoces regresaron sin poder entregar la carta, en el coche que Miren Zabaleta empleaba antes de ser encarcelada.
En el discurso de inauguración, Fernández Díaz fue categórico al rechazar que se vayan a implementar medidas colectivos contra los presos políticos vascos -«terroristas de ETA», según su definición-, destacando que únicamente se aplicarán medidas de reinserción individual tras el «imprescindible acto de arrepentimiento».
«No basta con un cese definitivo de actividad de ETA, sino que es necesaria su disolución incondicional y la entrega de las armas», añadió, destacando que «para esto no hacen falta más verificadores que la Guardia Civil y la Policía Nacional, como tampoco los hemos necesitado para vencer a ETA» .
«Ni el Gobierno ni el Estado están en tregua, por lo que, mientras ETA no se disuelva, la Guardia Civil, los tribunales y el Estado de Derecho van a seguir actuando hasta conseguir su disolución incondicional. No habrá negociación», insistió.
Preguntado en un posterior encuentro con los medios sobre si la macrocárcel inaugurada ayer podría servir para albergar a presos políticos vascos, Fernández Díaz respondió que «ni en España ni en la UE hay presos políticos y tampoco presos vascos. Esa denominación ofende al pueblo vasco».
«No hay ninguna disposición en ese sentido, salvo que se pueda decidir en el marco del programa de reinserción individualizada», dijo el ministro, que, en cualquier caso, limitó esta posibilidad a «las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca».
«En España hay un millar de presos terroristas, de los que la mitad son de ETA. El resto pertenecen al crimen organizado, al yihadismo y a los GRAPO», añadió Fernández Díaz para destacar que las medidas de «reinserción individual» se aplican a todos ellos sin excepción, al igual que a los encarcelados por delitos comunes.
La nueva cárcel de Iruñea tiene 504 celdas, que podrían albergar a 1.008 presos, aunque organismos como Salhaketa elevan este número hasta los 1.200 teniendo en cuenta la tasa de ocupación de las prisiones españolas. La vieja cárcel del barrio de Donibane alberga actualmente a 243 presos, que comenzarán a ser trasladados a Soltxate «en torno al día 15 y gra- dualmente». Posteriormente, dependiendo de la contratación de nuevos funcionarios, condicionada por los recortes presupuestarios, se trasladarán presos de otras zonas del Estado. «Pero esto es lo normal», subrayó Fernández Díaz.
El ministro anunció también que la piscina que costó 500.000 euros -la prisión ha supuesto 115,5 millones- no se utilizará para ahorrarse los 50.000 del mantenimiento, y que tampoco se instalarán los 721 televisores que compraron por 100.000 euros.
Herrira, Salhaketa, Subeltz y Sanduzelaiko Auzo Elkartea se concentraron junto al híper de Eroski, en Agustinos, para mostrar su rechazo a la nueva macrocárcel inaugurada ayer. Los organizadores denunciaron que no les dejaron acercarse a la nueva prisión y que los vehículos participantes en la marcha ciclista convocada por Salhaketa y Subeltz desde la cárcel vieja fueron retenidos por la Policía española.
Herrira reclamó al ministro del Interior que «deje de jugar con las vidas de los presos políticos vascos, que abandone las medidas de excepción, y que liberen a los presos enfermos y a los que han cumplido toda su condena y que los reagrupen a todos en Euskal Herria».
«Hemos venido a denunciar la política de venganza que llevan a cabo los estados español y francés. Es una política penitenciaria que sigue vulnerando los derechos humanos de los presos y sus familiares, que sigue generando sufrimiento en cientos de familias de este país y que va en contra de los deseos de paz de la mayoría de esta sociedad», añadió Herrira.
Salhaketa y Subeltz, por su parte, centraron sus críticas en el tamaño de la macrocárcel, que albergará a unos 1.200 presos.
«Estas dimensiones sobrepasan con creces el número de personas presas navarras o con arraigo en Navarra», por lo que entienden que en esta prisión cumplirán condena personas de otras regiones del Estado. También indicaron que en esta macrocárcel va a haber primeros grados, «lo que supone un régimen penitenciario totalmente inhumano».
Salhaketa no está de acuerdo «con la política criminal del Estado español», y reclama «dejar de solucionar los problemas de convivencia social por medio del Código Penal». Así, opina que los recortes sociales «van a traer más miseria y una población penitenciaria mas empobrecida».
Sanduzelaiko Auzo Elkartea rechazó las consecuencias medioambientales de la nueva cárcel, que han ocupado uno de los pocos espacios para parque público que quedaban en la ciudad.
Los delegados de ELA en la Administración del Estado, por su parte, no acudieron a la inauguración de la cárcel como protesta por la falta de personal y denunciaron que «ha sido un despropósito desde el principio, con multitud de gastos innecesarios», entre los que citaron las televisiones y la piscina. GARA
