España no tiene límites ni pudor. La ponencia del Ministerio del Interior para que cualquier foráneo que haya vivido una temporada en Euskal Herria pueda votar es la expresión más evidente del pucherazo electoral mediante la falsificación del censo. Se trata de un tipo de fenómeno que solo ocurre en regímenes corruptos y en territorios ocupados por fuerzas coloniales. Alguien pensará que estos términos son extemporáneos; sin embargo, ahí están algunas referencias geográficas: por ejemplo, el reciente fraude electoral en Rusia, el robo de la presidencia en México o la ocupación marroquí del territorio saharaui con militares, funcionarios y familiares que distorsionan la población original. En todos ellos se ha violentado el censo de electores para obtener un resultado ajeno a la realidad.

Ese es, en definitiva, el objetivo que persigue el Gobierno español con su nueva apuesta: torcer la voluntad de la ciudadanía vasca insertando elementos ajenos. A nadie se le oculta que el ascenso del independentismo en las urnas se ha convertido en una pesadilla para los gobernantes españoles. Y eso es lo que quieren frenar como sea. Lo intentaron con la Ley de Partidos excluyendo del ejercicio electoral a una parte de la población e incluso encarcelando a decenas de personas, pero no lo consiguieron.

Al menos han tenido la delicadeza de reunir otra vez a las cuatro provincias vascas del sur en el mismo saco y tratarnos, por tanto, como un país al que pretenden enviarnos unos supuestos retornados, porque el argumento original de los «exiliados de ETA» era solo la excusa. Rápidamente han comprobado que la realidad daba unos resultados insignificantes, y para mantener la estratagema pretenden abrir la puerta a cualquiera que haya pasado por aquí. Sé que el tema, a pesar de su gravedad, da lugar al chiste y que ya hay quien imagina cómo será Hego Euskal Herria gobernada por los erasmus, los temporeros de la vendimia o los veraneantes de Zarautz... Pero eso es anecdótico; en realidad pretenden incrustar en el censo electoral a las decenas de miles de funcionarios del Estado español que han pasado durante los cincuenta últimos años por tierra vasca: policías, guardias civiles y empleados de los ministerios y sus familiares.

Por ello no yerran cuando auguran cifras muy elevadas de empotrados. Y eso sí puede violentar la voluntad de la sociedad vasca una vez más.