Planes para alterar el censo electoral
El PP puede inflar el censo con unas 20.000 personas por año
La media de personas que han salido de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa hacia comunidades del Estado español en la última década es de 20.000 al año, que según los planes que maneja el Gobierno español podrían acogerse al derecho de votar en su último domicilio de Euskal Herria
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
18.069 personas se fueron a vivir desde Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa a comunidades del Estado español en 2010, último año del que hay referencias en el Instituto Nacional de Estadística. En 2009 fueron 17.318 y, por ejemplo, en 2002, 23.341. Entre los años 1998 y 2010 -serie histórica para la que hay datos- se domiciliaron fuera de Euskal Herria 253.484 personas que habían estado censadas aquí. Esto da una media de unas 20.000 personas al año.
Si se aprueba la reforma legal propuesta por la ponencia encargada por el ministro de Interior, para que puedan votar en localidades vascas «todos los electores que hayan estado avecindados en el País Vasco o Navarra y posteriormente se hayan desplazado a otra parte del territorio nacional», la alteración del censo electoral podría adquirir un volumen gigantesco, influyendo de manera determinante en los resultados.
El texto elaborado por el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y letrado de las Cortes Generales, Fabio Pasqua, no determina ni una fecha de inicio ni una de final para saber quiénes se podrían acoger a la reforma y pedir votar en Euskal Herria. Pero echando la mirada atrás se puede observar que si a lo largo de la última década la marcha ha sido de unas 20.000 personas al año, en los años 80, con las reconversiones y la desindustrialización, el éxodo fue todavía mayor.
Por lo tanto, estamos hablando ya de más de 400.000 potenciales votantes en un territorio cuyo censo electoral actual es de 2.192.542 personas.
El hecho de que todas estas personas pudieran tener derecho a inscribirse en el censo de la última localidad vasca en la que estuvieron domiciliados no significa que ni todos ni la mayoría vayan a dar ese paso.
Decisión personal irrevocable
La propuesta que maneja el ponente elegido por el Ministerio del Interior contempla que si la reforma legal se aprueba se abrirá un periodo único de tres a seis meses en el que cada individuo solicitará ser dado de alta en la sección del censo que le correspondiera en Euskal Herria y de baja en la sección censal de su domicilio actual.
Es decir, esa persona estaría empadronada en una localidad y censada en otra. No podría votar en los dos lugares: solo lo haría en Euskal Herria y en todas las elecciones. Además, se contempla que la decisión, una vez adoptada, sea irrevocable.
Con la fórmula de abrir la pasibilidad de voto a todas las personas que han vivido en Euskal Herria durante cierto tiempo -el periodo todavía no está fijado- se va mucho más lejos de la idea inicial de buscar algún tipo de reparación para quienes habían tenido que marcharse por la amenaza o la presión de ETA.
Aunque los veinte expertos convocados por el Gobierno español felicitaron al ponente Fabio Pasqua por su informe, tampoco a ellos se les ocultan las dificultades jurídicas y políticas que presenta semejante alteración del censo electoral. La ponencia encargada del estudio se volverá a reunir en unas dos semanas para seguir con los debates, que se preven arduos.
Si la media de las personas que se marchan fuera de Euskal Herria a
otras comunidades del Estado español es de unas 20.000 al año, las que por el contrario se instalan en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa procedentes de otras provincias suponen en torno a las 15.000.
En el último ejercicio del que se tienen datos en el INE, el años 2010, la cifra concreta fue de 16.498 personas. En 2006, por ejemplo, se instalaron en Euskal Herria 14.989 nuevos habitantes procedentes del Estado español. En 1998, fecha a partir de la cual comienza la serie de datos estadísticos on-line del INE, ese número fue de 14.560.
Los movimientos más voluminosos suelen hacerse desde comunidades limítrofes. Por ejemplo, en 2010 llegaron a la CAV 2.194 personas procedentes de Castilla y León y 1.758 de Cantabria. En Nafarroa se instalaron 596 aragoneses y 583 riojanos. I.i.
El secretario general del PP de la CAV y miembro de la Ejecutiva estatal, Iñaki Oyarzábal, destacó ayer que la alteración del censo para permitir el voto a quienes se han marchado de Euskal Herria tiene «encaje constitucional» y subrayó que «la voluntad del PP y Gobierno es la de alcanzar un gran acuerdo», por lo que pidió «responsabilidad» al PSE y también al PNV.
Oyarzábal incidió en que se trata de una propuesta que «tenemos que hacer juntos», por lo que «los principales partidos tienen que respaldarla». El dirigente del PP pidió «responsabilidad» a PSE y PNV y subrayó que el compromiso del partido de Patxi López «tiene que estar al lado de quienes se tuvieron que marchar a la fuerza». Añadió que «no concibo que los socialistas no quieran reparar el daño que ETA causó. Es un camino a recorrer juntos y pedimos también responsabilidad al PSE. Debe ser una apuesta de todos. También al PNV. Tiene que ser una reparación de toda la sociedad; tenemos que pensar en los vascos que se fueron a la fuerza y reponer ese derecho que ETA quiso arrebatar».
A su juicio, en la reunión de la ponencia encargada por el Ministerio del Interior se sentaron personas de «reconocido prestigio y expertos» y se vio que «había una posibilidad, que es factible y de justicia y que pese a tener dificultades se puede acometer». Insistió Oyarzábal en que el cambio propuesto «tiene encaje en nuestro ordenamiento constitucional. Los expertos deben proponer algo que pueda ser compartido por todos» y si se materializa se podrá mirar al futuro «con mayores garantías de respeto a la ley y a los derechos de las personas».
Sin querer entrar en las precisiones que se conocen del texto, que calificó de filtraciones, el secretario general del PP quiso llevar la cuestión a que ETA pretendió «expulsar a miles de personas con el objetivo de adulterar el censo electoral de manera sistemática en Euskadi». A su entender, esto ha supuesto una «mutilación del censo electoral» y «se trata de que podamos reponer y reconstruir aquello que ETA quiso destruir».
También la presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, se posicionó a favor del cambio, aunque lo situó en el terreno de lo excepcional. «¿Cómo me va a parecer mal esta iniciativa si el primero que la presentó en el Congreso fue nuestro diputado de UPN?», apuntó en una entrevista, aclarando que le parece una medida «acertada siempre y cuando se desarrolle correctamente».
Yolanda Barcina afirmó que «yo creo que esto tiene que ser quizás un tema excepcional o temporal, porque salir por un tema de terrorismo, por miedo y por falta de libertad no ha pasado muchas veces. Sí está sucediendo ahora, pero ojalá que dentro de 30 años vuelva a ser reversible».
Defendió que la norma debe aplicarse en Nafarroa porque esta comunidad «ha sido una de las comunidades que más ha sufrido el terrorismo». GARA
El PSOE sostuvo ayer que este es un asunto «muy complejo» que requiere ser estudiado con mucho tiempo. «No parece razonable modificar el régimen electoral en una cuestión tan delicada, que hay que estudiar con tanto detalle, cuando hay elecciones en Euskadi en menos de un año», afirmó Oscar López, secretario de Organización.
En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la calle Ferraz de Madrid, López recalcó que el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, descartó que cualquier reforma pudiera estar lista a tiempo para las próximas elecciones autonómicas de la CAV, «que van a ser muy pronto», según el secretario de Organización del PSOE. No obstante, no ofreció más pistas sobre la fecha de los comicios porque acto seguido añadió que «en marzo finaliza el plazo».
Según insistió Oscar López, para el PSOE la cuestión es «muy compleja» incluso «desde el punto de vista técnico», y debe estudiarse con calma y con tiempo.
Tampoco el Gobierno de Lakua y el PSE ven con buenos ojos la posibilidad de introducir semejante alteración en el censo. De hecho, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ya se había manifestado en contra de que las personas que habían tenido que salir de Euskal Herria por amenazas y presiones pudieran votar. Los planes actuales del Gobierno español van todavía mucho más lejos.
Además de la complejidad técnica de los cambios que se pretenden realizar en la ley electoral, Ares ha solido llamar la atención también sobre los problemas políticos que podría producir en Euskal Herria una decisión de este tipo. GARA
