El grupo parlamentario del PNV en la Cámara de Gasteiz considera «ilegal» la operación de enajenación de 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) que defiende el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. Los jeltzales creen que «supone de facto desprenderse de un patrimonio público construido de casi 3.000 viviendas de promoción pública», que «se venderán a un inversor privado instalado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes». Durante el pleno de control al Ejecutivo, Arriola aseguró que esa empresa de las Islas Vírgenes cumple con todos los requisitos legales para presentar su oferta.