Si alguien se pregunta qué es en este momento el Estado español, no tiene más que ojear lo publicado esta semana para hacerse una idea. Aunque, realmente, con leer el periódico de hoy es suficiente. Crisis galopante, un rescate bancario de proporciones astronómicas, críticas internacionales relacionadas con la práctica de la tortura y un nuevo intento de pucherazo electoral. Esto es lo que ofrece, a 10 de junio de 2012, un estado que ha pasado de ser un freno para las aspiraciones democráticas de Euskal Herria y otras naciones sin estado, a postularse como uno de los principales problemas para la Unión Europea y el futuro del euro. Si desde su constitución como estado ha sido una losa para este país, con el tiempo ha logrado que en Europa y buena parte del resto del mundo -que se lo pregunten a Barack Obama y sus aspiraciones- empiecen a verlo también como un lastre. El balance debe ser descorazonador para quien aún tiene alma de imperio.

Sumido en una profunda crisis económico-financiera, a Madrid no le ha quedado más remedio que rendirse a la evidencia y dejar que el Eurogrupo rubricara ayer el rescate -entiéndase como un eufemismo- a la banca española. La quiebra y posterior nacionalización de Bankia, y la pésima gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este asunto, fueron el desencadenante de una serie de acontecimientos que han acabado con la videoconferencia de los ministros de Economía de la zona euro, con Christine Lagarde, directora gerente del FMI, como supervisora. Acordaron un rescate de hasta 100.000 millones de euros. Para una economía en recesión y con una cuarta parte de la población activa en paro, las condiciones que acompañarán al préstamo a la banca pueden crear una situación social extrema. Al Estado no le resultará fácil afrontar una deuda de esta magnitud y las consecuencias las sufrirán los de siempre.

Después de insistir por activa y por pasiva en que no habría rescate -el mismo viernes por la tarde desde Moncloa se rechazaba esta posibilidad-, el ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el encargado de anunciar la intervención del sistema financiero español. Y sus palabras rozaron el esperpento. «No es un rescate, es un apoyo financiero», dijo el exresponsable de Lehman Brothers, en una intervención que si sirvió para algo, fue para profundizar en la imagen de zozobra que transmite el Gobierno del PP. Decir que lo que ayer aprobó el Eurogrupo «es un préstamo en condiciones muy favorables, mejores que las del mercado», es tratar de engañar, con poca convicción y menos fortuna, a la sociedad. De hecho, la falta de credibilidad es uno de los principales problemas del Estado. Las diferentes cifras en torno al déficit le pusieron en evidencia ante Bruselas hace unos meses, aunque en esta materia, la gestión interna de la crisis ha sido aún más escandalosa. Desde que Zapatero negara que existiera siquiera tal crisis, hablando de desaceleración, hasta la negativa de Rajoy de que se fuera a intervenir a la banca, pasando por los «brotes verdes» o las afirmaciones de que la culpa era de Grecia, estos cuatro años han sido una sucesión de mentiras. Da igual quien gobierne, ya no les cree nadie. Y, justa o injustamente, no les creen por ser españoles.

Déficit democrático

En la comunidad internacional tienen razones para desconfiar del Estado español y, en concreto, de un Gobierno del PP. Hace ocho años, el Gabinete de José María Aznar logró con sus mentiras que la ONU aprobara una resolución contra ETA por los atentados del 11M. En esa institución conocen bien cómo se las gasta Madrid. Y precisamente, de Naciones Unidas ha llegado la última crítica a las autoridades españolas por su actuación en materia de derechos humanos, en este caso, por no haber hecho una investigación pronta y eficaz de la denuncia de torturas del vecino de Berango Orkatz Gallastegi. Horas antes de que se conociera el informe, una cualificada delegación de Amnistía Internacional comparecía en Gasteiz para reprobar al Ejecutivo de Lakua y al propio Estado. La gestión que están haciendo de la oportunidad histórica abierta en Euskal Herria no la entiende nadie, y las críticas se suceden una tras otra.

A pesar de ello, los mandatarios españoles no pierden ocasión de demostrar que no solo hacen agua en materia económica. Sus convicciones democráticas son incluso más deficitarias que sus cuentas. El jueves, un grupo de expertos en Derecho electoral se reunía para estudiar la posibilidad de que personas que no residen en este país puedan votar en los comicios que se celebren aquí. En principio, era una iniciativa destinada a las personas que presuntamente se habrían marchado por la actividad armada de ETA, aunque las cifras de las que se hablaba no tenían ningún rigor; pero la conclusión de los expertos fue todavía más surrealista: a su juicio, todo aquel que ha residido durante un tiempo en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria debería poder votar. Un auténtico pucherazo que el PP ha mostrado toda su intención de llevar a cabo. A este pueblo no le queda más remedio que rescatarse a sí mismo.