Si la insistencia de Rajoy y su equipo en que el rescate europeo solo afectaría a la banca iba perdiendo credibilidad según pasaban los días, ayer fue el BCE quien aportó su grano de arena a la teoría de que traerá consecuencias a las cuentas de los ciudadanos. Aunque fue redactado antes de hacerse público el rescate, el informe mensual de junio del BCE considera que el Estado español debe reducir el déficit de las administraciones públicas, y el mecanismo para ello serán «fundamentalmente fuertes recortes del gasto».

Concreta que según el programa de estabilidad actualizado de 2012, el déficit público debería reducirse hasta el 5,3% del PIB en 2012 y hasta el 3% el año que viene. En este sentido, señala que en el Estado español, «la información más reciente indica que el déficit de las administraciones públicas ascendió al 8,9% del PIB».

Este valor es superior al 8,5% del PIB notificado a Eurostat en marzo y se sitúa por encima del objetivo de déficit fijado en la actualización del programa de estabilidad de 2011, marcado en el 6% del PIB, según indica el BCE.

De cara a alcanzar los objetivos del déficit marcados, la entidad europea indica que debe hacerse «mediante una combinación de medidas de amplio alcance relacionadas con los ingresos, pero fundamentalmente a través de fuertes recortes del gasto, particularmente en 2012». Con lo que parece inevitable que en los próximos meses el Gobierno del PP emprenda con nuevos tijeretazos.

Además, el BCE valora positivamente las dos leyes aprobadas por el Gobierno español para «una racionalización sustancial del gasto en Sanidad y en Educación en los presupuestos de las Comunidades Autónomas».

Más contradicciones

Mientras, la Comisión Europea seguía defendiendo que el posible impacto en el déficit público de la ayuda europea al sector bancario español quedará «ampliamente» compensado por el cobro de elevados intereses a las entidades financieras que reciban la ayuda pública. Así lo confirmó el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, contradiciendo la valoración publicada por Eurostat sobre las consecuencias que tendrá el rescate en la deuda y el déficit.

Altafaj explicó que los intereses que tendrán que pagar las entidades que reciban la ayuda serán «bastante más altos» que los que pague el Estado español a Europa. Al igual que lo hacía el Eurostat un día antes, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, concretó que frente al 3 o el 4% anual que pagará el Estado español, los bancos recapitalizados deberán abonar un interés anual de al menos el 8,5%.

Sobre la tensión creada en los mercados por el rescate a la banca española, Altafaj negó que el plan europeo de ayuda a la banca sea un fracaso. En un intento de transmitir confianza, añadió que el Estado español está haciendo «todo lo necesario» para recuperar la confianza en su economía.

Afirmó que las autoridades españolas y sus socios europeos «están afrontando esta crisis con determinación en todos los frentes» y subrayó que en la presión de los mercados influyen factores externos como las elecciones de Grecia, que podrían ser decisivas para la continuidad de la unión monetaria en la eurozona. También mencionó el hecho de que el proceso de recuperación de la confianza «siempre lleva un tiempo». El ministro de Economía, Luis De Guindos, sostuvo estos mismos argumentos.