Hay noticias que invitan a reordenar las prioridades y a arrojar a la papelera las reflexiones de toda una semana. Así me ocurrió ayer cuando saltó a la edición digital de los diarios la presentación de la iniciativa Glencree, y me encontré con unas cuantas caras conocidas dando cuenta de una experiencia inhabitual con casi cinco años de discreta andadura.

Glencree, en gaélico Gleann Crí, es un valle en las montañas de Wicklow, en el este de Irlanda, relativamente próximo a Dublín. Allí se ubica el Centro Glencree por la Paz y la Reconciliación, organización sin ánimo de lucro fundada en 1974 con el fin de mediar entre las partes beligerantes en el conflicto de Irlanda. Hoy, mantiene sus esfuerzos de resolución en conflictos de todo el mundo.

Siendo honestos, el hecho de que estos encuentros hayan sido facilitados por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco me puso en guardia ante sus contenidos e intenciones. Maixabel Lasa y Txema Urkijo han sobrevivido a la alternancia política en Lakua y Ajuria Enea como piezas intercambiables de una estrategia común: la que amparaba el discurso único y la unidad de acción contra el independentismo vasco. El guante de seda que envolvía el puño de la Ley de Partidos, el «todo es ETA» y el relato de parte. A lo largo de los años que han permanecido incrustados en la estructura orgánica del Departamento de Interior, todas sus iniciativas han ido encaminadas a «recuperar la dignidad humana arrebatada a las víctimas del terrorismo», pero sin mostrar un ápice de humanidad ni atención hacia los miles de personas afectadas por otras violencias de raíz política. Han hecho de la memoria del dolor un ejercicio imperativo, en el que la justicia y la verdad estaba vedada para millares de represaliados y cientos de asesinados por el impulso de los estados.

Sin embargo, las conclusiones de la experiencia presentada ayer en Donostia tienen el valor intrínseco de ser fruto de un esfuerzo finalmente materializado. Lejos de las grandes pretensiones, constata que una veintena larga de personas afectadas por violencias de signo diametralmente opuesto han sido capaces de hablar, compartir el recuerdo de los momentos más terribles de sus vidas, y de extraer una serie de conclusiones de indudable valor.

Muchos catalogarán este testimonio colectivo en el apartado de los puntos de vista particulares. Y es cierto, las personas que comparecieron ante la prensa únicamente se representan a sí mismas. Remarcan su individualidad y rechazan cualquier utilización partidista de su experiencia. En cualquier caso, van a ser muchas las miradas y opiniones netamente políticas vertidas sobre esta aportación, no en vano la misma se ubica en el centro geométrico de una discusión de rango mayor: cómo afrontar las consecuencias del conflicto político y armado contemporáneo sin prescindir de sus raíces históricas y en clave de futura resolución y convivencia democrática.

Hasta hoy, la transversalidad de este tipo de pronunciamientos ha sido muy limitada. Tanto, que se ceñía a un puñado de personas activamente implicadas en la búsqueda de puntos de encuentro, reflexiones innovadoras y propuestas integrales de reconocimiento, verdad, reparación y justicia para todas las personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos. Cuando han dado un paso adelante, han tenido que oír y soportar todo tipo de improperios. Conversando con Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, pone los pelos de punta escuchar los insultos que recibió, junto a Cristina Sagarzazu, tras asistir al homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza. Igualmente brutal fue el modo con que esa misma jauría mediática y corporativa acogió la presentación pública de la Fundación Egiari Zor.

Reconocer el dolor ajeno sin menoscabo de la prevalencia del propio, exigir de manera honesta y clara que se reconozcan y satisfagan los mismos derechos (a la verdad, a la justicia, al reconocimiento, a la reparación) a todas las personas violentadas, así como la asunción de responsabilidades por parte de todos aquellos agentes, organizaciones o instituciones que hayan cometido vulneraciones de derechos humanos es un magnífico punto de partida para abordar el largo camino hacia la convivencia democrática en Euskal Herria. El mensaje final de los participantes en la iniciativa Glencree descansa sobre esos pilares, de modo que debería concitar el amparo unánime de la sociedad y de sus representantes políticos, sociales e institucionales.

Me temo que provocará una furiosa contrarréplica por parte de los sectores que comulgan con ruedas de molino en la madrileña plaza de Colón. Si el ministro Fernández Díaz califica de «impresentable» el mísero Decreto de Víctimas Policiales aprobado por el Gobierno de Patxi López, o si Covite o la AVT son capaces de atragantarse con las fracasadas políticas de arrepentimiento que en su día avaló Mayor Oreja, es de imaginar que la participación de la viuda de Jesús María Pedrosa (concejal del PP en Durango muerto en atentado por ETA) o de familiares de policías en la presentación pública de ayer provocará un aluvión de sal gruesa sobre los participantes e inspiradores de este encuentro.

Sinceramente pienso que desde el Gobierno vasco se quiere esprintar en sus dos últimos meses efectivos de gobierno con el propósito de dejar abonado el terreno para un futuro pacto institucional con el PNV. La urgente aprobación del Decreto antes aludido y la presentación pública de la iniciativa encuentran acomodo en una agenda política que, desde luego, responde a intereses políticos concretos. La creación del Instituto de la Memoria también se inscribe en la definición de esa nueva arquitectura pensada para abordar las consecuencias del conflicto de forma consensuada entre todos los aspirantes al cogobierno: PSE-EE, PNV, Ezker Anitza y la «más valorada» en las encuestas, la indefinible y sin partido Ezenarro.

En todo caso, los intereses partidarios pueden resultar beneficiosos para un avance sustancial en el tratamiento y consideración de las consecuencias del conflicto armado, si hacen suyos algunos de los argumentos hechos públicos por los firmantes de la iniciativa Glencree. Cuando decenas de personas de procedencia y victimación tan diferentes han sido capaces de juntarse, reflexionar y llegar a unas cuantas conclusiones compartidas, la obligación de cualquier responsable público es extender esa práctica a todas las arterias vitales de la sociedad, fomentando la visibilidad de todos los relatos, garantizando una verdad y reparación completas y avanzando en las claves de una resolución justa del conflicto.

La casuística transversal de Glencree no está exenta de lagunas que dejan fuera del ámbito de lo visible otros muchos casos de violencia policial (emboscadas contra militantes de organizaciones armadas, asesinatos de manifestantes) o institucional (política penitenciaria, deportación...). También prescinde, de manera consciente y compartida, de cualquier alusión a un conflicto político en la base del dolor y las injusticias padecidas. Y a pesar de todo, por el valor de sus protagonistas, por la generosidad que entraña, por el alcance de su invitación final, estoy seguro de que no caerá en saco roto. Por de pronto, ha resquebrajado aún más el espejo en el que se reflejaban quienes aspiran a monopolizar la idea y la representación social del sufrimiento en el último medio siglo.