Celsa Atlantic hizo público el viernes su decisión de cerrar las dos plantas que posee en Araba, dedicadas a la fabricación de tubos de acero y de fleje y en las que trabajan 358 personas, con el argumento de la «falta de viabilidad» de ambos centros productivos que, según la empresa, «registran pérdidas continuadas desde el último trimestre de 2008».

La dirección de la empresa, cuya sede social está en Cataluña, ya había anunciado hace unas semanas la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la totalidad de la plantilla.

Posteriormente, planteó sustituir ese ERE por un plan que proponía la salida de 91 trabajadores, el 20% de la reducción salarial y otras medidas de flexibilización de jornadas y sueldos.

El comité de empresa, por su parte, presentó un plan social alternativo para evitar los despidos masivos que proponía prejubilaciones voluntarias y bajas incentivadas con 45 días por año. Manifestó asimismo que si la empresa aceptase implantar este plan, estaría dispuesto a negociar otros puntos, como una congelación salarial durante cinco años, así como un aumento de la jornada en seis días.

Sin embargo, tras varios días de negociaciones, la representación de la dirección ha rechazado este plan, con lo que la empresa ha determinado ejecutar el expediente de extinción para toda la plantilla, lo que supone el cierre de las dos fábricas.

Con respecto a las condiciones que planteará para los 358 trabajadores que serán despedidos, Celsa Atlantic afirma que la compañía «seguirá los cauces legales previstos para este tipo de situaciones».

Petición de las Juntas

Las Juntas Generales de Araba aprobaron el pasado mes de mayo una moción en la que instaban a la Diputación y al Gobierno de Gasteiz a que presionaran a la dirección de Celsa Atlantic para que presentara un plan de viabilidad para Laminaciones Arregui que evitase el cierre de sus dos plantas.

La iniciativa salió adelante con el apoyo de los grupos junteros que impulsaron la moción -PNV, PSE, Bildu y EB-.

El PP votó en contra por estar en desacuerdo con uno de los tres puntos, en el que se pedía al Gobierno español que derogase de forma inmediata la última reforma laboral, «responsable última de la situación que atraviesan» los trabajadores de Celsa Atlantic.