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Las radios comunitarias exigen sus derechos en el Parlamento
Una representación de la federación de radios comunitarias, la Red Arrosa, señaló ayer, en el Parlamento de Gasteiz, que el «derecho a la comunicación es un derecho básico». En su opinión, el concurso para adjudicar frecuencias favorece a las grandes cadenas comerciales.
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Alvaro HILARIO | GASTEIZ
Una representación de la federación de radios comunitarias, la Red Arrosa (que agrupa a 20 emisoras de toda Euskal Herria) compareció ayer, a petición propia, en la Comisión de Cultura y Juventud del Parlamento de Gasteiz, para reclamar su «derecho a la comunicación». Señalaron que el concurso para adjudicar 34 frecuencias de FM en la CAV les deja «indefensos» frente a las grandes cadenas comerciales con sede en Madrid y que no garantiza ni la pluralidad ni los derechos de la ciudadanía euskaldun.
Pidieron, además, que se den pasos que conduzcan a la elaboración de una ley reguladora del sector audiovisual en la CAV.
Derecho básico
Mikel Estarrona (Tas Tas Irratia, Bilbo), Agus Hernan (Antxeta Irratia, Bidasoaldea) e Iñaki Ziarsolo (Hala Bedi, Gasteiz) fueron los encargados de presentar en la Comisión de Cultura y Juventud el diagnóstico que las radios comunitarias vascas hacen de la situación del espectro radioeléctrico de la CAV.
Mikel Estarrona dijo al comienzo de su intervención que quieren el apoyo parlamentario «para defender el derecho a la información». En opinión de Arrosa, las radios comunitarias, el llamado tercer sector, está discriminado a la hora de ejercer su derecho a comunicar e informar, algo muy grave dado que «la comunicación es un derecho básico» y una «necesidad social» si este derecho se lleva al espacio público.
Apoyándose en la Ley General de Medios española de marzo de 2010, en la legislación autonómica y comunitaria subrayó que «toda la ciudadanía tiene derecho a usar el espectro radiofónico», que las radios comunitarias son parte de esa ciudadanía y que la legislación les reconoce ese derecho.
«Después de treinta años oyendo que somos ilegales, es ahora el propio Estado quien incumple las leyes», dijo refiriéndose a la Ley de 2010, que concedía al poder ejecutivo el plazo de un año para regularizar toda radio comunitaria que estuviese en funcionamiento antes de enero de 2009. Hala Bedi y Tas Tas, por ejemplo, llevan casi treinta años emitiendo.
Recordó también que la regulación del espectro radioeléctrico en base al reconocimiento de los tres sectores (público, privado y comunitarios) es posible. De hecho, citó los casos de Uruguay y Argentina que dan un tercio a cada uno y el del Estado francés, que reserva un 25% del dial a las radios comunitarias.
Regulación
Estarrona también lamentó que se optase por la vía del decreto para regular la situación actual (una mera aplicación de la Ley española) en vez de elaborar una ley autonómica propia que
tuviese en cuenta necesidades y realidades vascas. La vía del decreto «hurtó el debate a la sociedad y al propio Parlamento».
También insistió en que el concurso nacido del decreto es lesivo para los intereses de las radios pequeñas ya que las condiciones económicas y técnicas priman sobre toda consideración, haciendo imposible la competencia equitativa: «Es grave que el derecho a la comunicación sea una lotería donde todo el mundo no tiene los mismos boletos».
Se criticó asimismo que solo haya 11 licencias de 34 reservadas a la emisión en euskara, reserva con trampa ya que se pueden considerar insuficientes las propuestas hechas, pasando esas frecuencias a la emisión en castellano.
Agus Hernan cerró la comparecencia pidiendo que se garanticen las reservas para el euskara, que emitir en este idioma se valore correctamente (hoy, son 10 puntos sobre 200), a la vez que instó a los parlamentarios a crear una ponencia parlamentaria que, con presencia de todos los agentes implicados, impulse el debate y la creación de una ley del audiovisual propia.
La comisión de Arrosa desgranó sus argumentos y contestó a las preguntas de los parlamentarios. Curiosos fueron tanto el silencio de Carmelo Barrio (PP) como el desconocimiento que del decreto 231/2011 (que regula las adjudicaciones) y bases del concurso del que hizo gala el socialista Carlos Gorostiza.
Gorostiza, sin atreverse a entrar al fondo de la cuestión, se refugió en sus dos intervenciones en la necesidad de asegurar la viabilidad de las propuestas, ya que los medios privados y su aliada, la publicidad, generan riqueza y empleo.
Los parlamentarios Mikel Basabe (ex-Aralar) y Garbiñe Mendizabal (PNV) respaldaron las críticas referentes al postergamiento del euskara, recordando como todas las alegaciones que Aralar, EA y PNV presentaron al borrador del decreto fueron rechazadas. Señalaron cómo no hay un mínimo de euskara exigible a quienes solo emiten en castellano y que no se valora la proximidad a la ciudadanía de las comunitarias. La jeltzale Garbiñe Mendizabal vio en las bases del concurso «otro paso más para la centralización». A.H.
«Es grave que el derecho a la comunicación se convierta en una lotería donde, además, no todo el mundo tiene los mismos boletos», dijo Mikel Estarrona (Tas Tas Irrati Librea, Bilbo)