Los portavoces junteros de PNV (Markel Olano), PSE (Rafaela Romero) y PP (Juan Carlos Cano) habían citado ayer a los medios gráficos a las once de la mañana para que pudieran tomar imágenes de cómo registraban en las Juntas Generales la moción de censura contra el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin (Bildu). Esa moción se votará el 6 de julio y los tres partidos que defienden la incineración tienen la mayoría suficiente en la Cámara para forzar el cese de Alduntzin, quien, en ese caso, deberá ser sustituido por otra persona designada por el diputado general, Martin Garitano.

Prácticamente a la misma hora, en Bilbo, las Juntas Generales acogían un debate sobre la gestión de los residuos. En este caso, el PP no contó con el respaldo del PNV, que votó en contra de su propuesta, ni con la del PSE, que se abstuvo, al igual que hizo Bildu. Aun así, el planteamiento que hizo Arturo Aldecoa tiene especial relevancia porque lo que defendió fue que las Juntas instaran a la Diputación, gobernada por el PNV, a elaborar un acuerdo junto con Zabalgarbi para permitir que se importen residuos de territorios «vecinos» con los que, en el futuro, se suscriban convenios.

Esta iniciativa llega después de que Bizkaia dejase sin vigor, el 12 de junio, el convenio con Gipuzkoa, lo que fue utilizado como detonante para presentar la moción contra Alduntzin.

El juntero del PP planteó que, después de un primer tratamiento, los residuos que lleguen a Zabalgarbi sean quemados en sus «instalaciones de valorización energética». De esta forma, aunque Aldecoa no lo dijo expresamente, el PP expuso su preocupación por la viabilidad futura de esta planta incineradora, que parece abocada a importar basuras en la medida en que el reciclaje vaya reduciendo el material incinerable que genera Bizkaia.

La juntera jeltzale María Presa rechazó esa propuesta criticando que el PP dibujara «un escenario hipotético, futurista en demasía y rebuscado». No obstante, tal como recogió Europa Press, a continuación matizó que la Diputación no tiene «cerrada la puerta» a nuevos convenios con otros territorios, si bien no tiene ninguna previsión al respecto «ni a corto ni a medio plazo».

Más cauto todavía se mostró el portavoz juntero del PSE, Iñaki Egaña, quien abogó por «no condicionar a priori» este debate porque, si no se «cierra» ahora, habrá mayor libertad para poder decidir en el futuro en función de las circunstancias.

Paradójicamente, en Gipuzkoa, el PSE está realizando una campaña en la que, utilizando un folleto con el mapa de este territorio y el logo de la repatriación de los presos políticos vascos, augura que la gestión que impulsa Bildu tendrá como destino «exportar basura».

Por parte de Bildu, Asier Vega indicó que este no es el momento para abordar ese tema. En la misma sesión, la coalición soberanista instó al diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, a ajustarse a las directrices europeas que impulsan «modos más sostenibles de gestión de residuos, dejando de lado políticas de incineración y vertido, y optando por otros sistemas de recogida y tratamiento».

Aunque cueste el cargo

Volviendo a territorio guipuzcoano, la firma que rubricaron Olano, Romero y Cano persigue un mismo fin: hacer frente a «la imposición» y «el fraude democrático» del gobierno foral de Bildu en la gestión de residuos. Pero los portavoces del PSE y del PP fueron más allá, al agregar la necesidad de que éste sea un primer paso hacia una solución definitiva que, a juicio de ambos partidos, pasa por conformar gobiernos alternativos a Bildu tanto en la Diputación como en los ayuntamientos que ostenta.

Olano, que mantuvo el semblante serio ante los medios, puso la pelota sobre el tejado de Bildu, asegurando que a los jeltzales no les ha quedado más remedio que participar en la moción porque la coalición les «ha forzado» a ello. «No es plato de buen gusto», añadió.

La postura de los portavoces dejó en evidencia, a juicio de Euskal Herria Bildu, que se priorizan los intereses económicos y políticos por encima de buscar una solución real a los residuos. «Esta moción de censura responde a esos intereses. Esta moción de censura no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene hoy en día la sociedad guipuzcoana», advirtieron en una nota.

Apenas una hora después la atención mediática se desplazó desde la Juntas a la sede del Consorcio de Residuos, donde Alduntzin, que además de diputado es el presidente de GHK, aseveró que está trabajando con todos los agentes implicados para «encontrar la mejor solución» a la situación de la gestión de los residuos del territorio, «aunque a algunos nos cueste el cargo». Esta fue la única alusión que hizo a la moción de censura contra él.

Sobre la posibilidad de que continúe al frente de la presidencia del Consorcio, recordó que esa «no es una decisión personal», sino una determinación que «deberán adoptar los órganos que tengan que adoptarla». Además, aclaró que él no es representante en GHK por parte de la Diputación «por ser diputado», sino porque le nombró el Consejo de Diputados. «El presidente del Consorcio lo nombra el Consorcio y no la Diputación», respondió a la pregunta de un periodista.

La comparecencia en realidad la convocó para valorar la dimisión que anunciaron la víspera Denis Itxaso y Arcadio Benítez, ambos del PSE y hasta entonces miembros del Consejo del Consorcio, alegando «imposiciones de la mayoría».

«Al comienzo de la nueva andadura del Consorcio -recordó Alduntzin-, la mayoría política del mismo perteneciente a Bildu decidió abrir la composición del Consejo de Administración de la sociedad a otras sensibilidades políticas». Por eso, dijo que es «vergonzoso» que hablen de imposiciones.

En su opinión este detalle no es el único que han obviado los dos exmiembros del Consejo, porque recordó que «para perjudicar y condicionar las decisiones que pudiera adoptar la nueva mayoría» -surgida en las elecciones municipales y forales del pasado mayo-, el anterior Consejo, cuyo vicepresidente era precisamente, Denis Itxaso, «tomó decisiones in extremis acerca de los contratos multimillonarios que firmaron» con el riesgo de «hipotecar Gipuzkoa» con una maniobra «éticamente reprobable».

En la actualidad, señaló que se encuentran en negociaciones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) sobre la situación de moratoria de la incineradora, y negó que las empresas «hayan puesto ningún ultimátum». «Una vez más Itxaso confunde sus deseos con la realidad y eso suele ser bastante peligroso», advirtió.