El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer por unanimidad instar a todas las administraciones a que los cargos públicos y electos realicen una declaración de bienes que quedará depositada en el registro oficial de cada institución y a la que podrá tener acceso la ciudadanía.

Sin embargo, la proposición no de ley presentada por PSE, EA, Aralar, Ezker Anitza y UPyD era más ambiciosa, puesto que proponía que, además, cuando los cargos dejaran su puesto, fueran sometidos a una auditoría por parte del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para comprobar que no había habido un incremento de bienes no justificado durante su mandato. El voto en contra de PNV y PP a este punto evitó que fuera aprobado.

El PP argumentó que ni siquiera existía la previsión legal de que el TVCP ejerciera este tipo de funciones y explicó que iniciativas de tal calado no deben desarrollarse a través de proposiciones no de ley sino con cambios legislativos.

El PNV presentó una enmienda en la que no se hacía mención a registros de bienes ni a las auditorías, sino que pedía al Ejecutivo de Lakua que presente una ley reguladora de conflictos de intereses y del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica.

Los proponentes de la iniciativa original entendieron que esta era una petición asumible como adición a la propuesta, pero que el PNV la estaba utilizando para desviar la atención.

En la justificación de la propuesta, que permitirá tener un mayor control público de los bienes de los cargos públicos, PSE, EA, Aralar, Ezker Anitza y UPyD insistieron en la necesidad de prestigiar la política y a los políticos, a través de iniciativas que permitan una mayor transparencia.

La proposición no de ley era consecuencia de las recomendaciones realizadas a la conclusión de la comisión sobre el «Caso Miñano».