El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, confirmó ayer que se someterá «con todas sus consecuencias» un juicio político por los sucesos de Curuguaty, que se saldaron con 17 muertos, pero dejó claro que no presentará su dimisión porque «no existe ninguna causa valedera, política ni jurídica» que le obligue a dejar el cargo para el que fue elegido en 2008.

La Cámara de Diputados aprobó con un solo voto en contra someter a Lugo a un proceso constitucional de destitución por el supuesto mal desempeño de sus funciones a causa de la matanza durante el desalojo de una finca el pasado día 15. Seis policías y once campesinos murieron durante el desalojo de campesinos sin tierra que habían ocupado un terreno.

El Senado se constituyó en tribunal para el juicio al presidente y fijó el comienzo del procedimiento para las 18.00 y la sentencia para las 16.30 de hoy, hora local. En caso de prosperar el juicio político, Lugo sería sustituido de forma interina por el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta la celebración de las nuevas elecciones, previstas en abril de 2013.

Tras conocer la decisión de la Cámara, Lugo exhortó a la ciudadanía a proteger la democracia y denunció que su elección en 2008 «está siendo atacada por sectores políticos».

Organizaciones campesinas y de grupos de campesinos sin tierra anunciaron su marcha a Asunción para protestar contra el enjuiciamiento político del presidente y se convocaron protestas en todo el país. También expresaron su apoyo a la gestión de Lugo algunas organizaciones civiles y sindicales.

Ayer mismo, Lugo había anunciado la creación de una comisión, integrada por representantes de la sociedad civil y supervisada OEA, para investigar lo sucedido en Curuguaty.

Misión de Unasur

Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro para la Cumbre de Río+20 acordaron enviar una misión de cancilleres hoy mismo a Paraguay para analizar la situación.