El Gobierno español, a través de una carta firmada por el ministro de Economía y utilizando, una vez más, un eufemismo, formalizó ayer la petición del rescate para la banca. En torno al mismo existen todavía importantes incógnitas, como su cuantía, y apenas una certeza: se trata de una pésima noticia para el conjunto de la ciudadanía. Lo es porque, a pesar de que el PP haya intentado tergiversar su carácter asentando la idea de que son las propias entidades financieras las que deberán lidiar con sus consecuencias, lo cierto es que va a ser la sociedad, por medio de nuevos recortes y una mayor carga impositiva, quien se hará cargo del coste de la operación. No en vano será el propio Ejecutivo, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el depositario del montante finalmente acordado y quien en última instancia responderá por él ante la Unión Europea.

Precisamente, coincidiendo con la petición formal del rescate, y mientras el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, insistía en que Bruselas vigilará la aplicación de los ajustes y reformas en el Estado español «en paralelo» al rescate bancario, el propio Mariano Rajoy avanzaba que su Gabinete implementará pronto nuevas medidas, que calificó como difíciles. Que una persona tan dada a los circunloquios como el presidente español utilizara esa expresión resulta llamativo y alarmante al mismo tiempo.

En este contexto, la sociedad vasca debe plantearse seriamente las consecuencias de permanecer ligada a un Estado que se limita a ejercer de avalista de su sistema financiero, que ha hecho de la austeridad un dogma y que no escatima esfuerzos para apaciguar los mercados. Si las instituciones vascas no son capaces de confrontar con esta política de recortes, si no apuestan por un modelo alternativo que priorice el interés de las personas, la trampa que el Gobierno del PP ha tendido a sus ciudadanos atrapará también a este pueblo y se llevará por delante su tejido social y económico.