Cuando la sociedad vasca y casi todas las fuerzas políticas se felicitaban por lo que se percibía como el fin del ciclo de ilegalizaciones que, además, contribuiría a ir avanzando en el proceso y asentando las bases de una nueva convivencia, la amenaza que ayer hizo el ministro de Interior español, Jorge Fernández, consistente en la exigencia al equipo de Gobierno de Donostia de que retire la subvención destinada al documental «Barrura begiratzeko leihoak», es un chantaje inadmisible no solo a una formación política, sino también a la sociedad, y un ataque a la libertad de expresión y a la cultura. Una agresión que pone de manifiesto el miedo del Gobierno español a que la realidad de los presos vascos que refleje el documental no coincida con su relato. Es preocupante que el PP aún no haya abandonado su tendencia a arrogarse funciones que corresponden a los ciudadanos, como lo es negar su confianza, en su caso, a las fuerzas políticas que no respondan a sus intereses. Ese grave intento de chantaje merece una clara y contundente respuesta de todo aquel que considere intolerable ese tipo de injerencias en las decisiones de un ayuntamiento y en el contenido de una obra cinematográfica. Una respuesta que debería empezar por los grupos políticos del consistorio y a la que no debería ser ajeno el mundo la cultura, también objeto de este ataque a la libertad de creación y expresión.