Finalmente nadie presentó la candidatura de Baltasar Garzón para los premios René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua. El impulso de una campaña a favor del exmagistrado de la Audiencia Nacional española, con cierto aval del Ejecutivo de Patxi López, levantó una polémica parlamentaria y hasta la creación de una plataforma en contra de la concesión del galardón.

Según manifestaron desde el Departamento de Justicia a este diario, a la edición de 2012 de los premios René Cassin se han presentado cuatro candidaturas, cuyas identidades se mantienen en secreto por respeto al jurado. En cualquier caso, aseguraron que ninguno de ellos corresponde a Baltasar Garzón.

GARA desveló en su edición del 23 de febrero que el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo había iniciado una campaña a través del envío de correos electrónicos en los que se leía que «la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco me ha pedido que asuma la gestión de la obtención de avales que respalden la propuesta para otorgar a Baltasar Garzón el Premio René Cassin, de Derechos Humanos».

Dos eran las irregularidades de esta campaña. La primera, que los premios todavía no se habían convocado públicamente. Las segunda, que el Gobierno de Lakua animara la búsqueda de avales para un galardón que él mismo otorga.

No hubo desmentido inicial

A preguntas de este diario, la primera reacción del Departamento de Justicia fue afirmar que «el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes [21 de febrero] las bases que regulan el premio Rene Cassin de DDHH (en breve se publicarán en boletín)», lo que no ocurrió hasta el 20 de abril. A esto se añadía la explicación de que «todos los años, diferentes colectivos proponen candidatos al premio y desde la Dirección se anima a todos ellos a que así lo hagan, siempre buscando la máxima difusión del galardón».

Como se ve, no hay desmentido alguno a lo publicado por este diario sobre la petición realizada a Jiménez Villarejo. Por otro lado, hay que precisar que el requerimiento de peticiones de apoyo era del 18 de febrero, antes incluso de que el Gobierno aprobara la convocatoria.

Eusko Alkartasuna preguntó sobre esto a la consejera de Justicia, que reaccionó diciendo que hablar de amaños era insultar al jurado que ella misma presidía, y haciendo una encendida defensa de los méritos de Baltasar Garzón. Idoia Mendia añadió que el problema del premio es que «nadie lo conoce» y que por eso desde la Consejería se hace una labor de «impulso de las candidaturas».

Para entonces, Jiménez Villarejo ya había alterado el contenido de sus correos electrónicos, eliminando la mención a que la petición partiera de la Dirección de Derechos Humanos.

La negación, el 18 de abril

La posición del Departamento de Justicia dio un giro en su comparecencia parlamentaria del 18 de abril, en la que la directora de Derechos Humanos, requerida por varios grupos a que saliera de su ambigüedad, afirmó que «es falso» que pidiera al Carlos Jiménez Villarejo que buscara avales para la candidatura de Garzón. Según la nueva versión, fue el exfiscal quien se puso en contacto con la Dirección para interesarse por el premio y lo que hicieron fue adelantarle las bases que se aprobarían días después en el Consejo de Gobierno.

Es razonable pensar que el hecho de que GARA hiciera aflorar los movimientos en favor de promocionar la candidatura de Baltasar Garzón con notable ventaja sobre cualquier otra llevó a reconsiderar las consecuencias que hubiera tenido la concesión del premio al exjuez de la Audiencia Nacional suspendido por el Supremo.