Horas antes de que nueve ministros jurasen en el palacio presidencial sus cargos en el nuevo Gobierno encabezado por el liberal Federico Franco, Fernando Lugo llamó a profundizar «una resistencia pacífica», al tiempo que denunció «la rotura constitucional» que se produjo el viernes, cuando fue destituido tras un fugaz juicio político realizado por el Senado, en manos de la derecha que, tradicionalmente, ha gobernado el país.

«Este golpe no estuvo dirigido contra Fernando Lugo sino contra nuestra política, porque muchos intereses se sintieron alcanzados por nuestra política de preferencia por los más marginados en los últimos 70 o 60 años», remarcó.

Aunque en sus casi cuatro años de mandato, no llevó a la práctica -o no le permitieron- gran parte de sus promesas electorales, entre ellas una profunda reforma agraria que ponga fin al injusto reparto de tierras en Paraguay, donde un 2,5% de la población posee el 85% de las tierras fértiles, el ahora expresidente implantó un sistema de salud gratuito para gran parte de la población, así como el desayuno y almuerzo gratis en las escuelas públicas.

Pero, el poder de la derecha, en su sentido más amplio y fuertemente asentada gracias a la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner, muerto en 2006, ha tenido más peso que los anhelos de cambio de Lugo, que advirtió de que «la violencia y la intolerancia pueden instalarse en el país».

Remarcó que, desde su elección en abril de 2008, ha habido 23 intentos de juicio político en su contra, que no llegaron a prosperar por desacuerdos internos en la oposición.

Con el «gabinete político» creado ayer junto a los que fueran titulares de ministerios y secretarías como Exteriores, Interior, Salud, Economía, Obras Públicas e Información, pretende vigilar al Ejecutivo de Franco.

«Queremos convertirnos en los fiscales observadores y monitorear todo lo que van a hacer los funcionarios del Gobierno ilegítimo», afirmó.

Recordó que la Constitución paraguaya «contempla una resistencia», porque «la ciudadanía debe condenar de manera pacífica la ruptura constitucional que ocurrió el viernes».

En una entrevista publicada ayer en el periódico argentino «Página 12», reiteró que aceptó el resultado del juicio político para «evitar un derramamiento de sangre. Estamos en contra de todo tipo de violencia y ese día se presagiaba violencia y represión. En Paraguay, hay mucha violencia. El viernes, los mercaderes de la muerte estaban rondando. El juicio era injusto, descabellado y sin argumento, pero había que reaccionar como lo hicimos. Era lo mejor», insistió.

Horas después de estas declaraciones, la Corte Suprema desestimó «sin más trámite» la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra de su destitución, alegando que no le otorgaron el tiempo suficiente para ejercer la debida defensa.

En su resolución, la Corte estimó que «se trató de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aunque puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta sino parcial en este caso. El procedimiento para la tramitación del juicio político de referencia se cumplió dentro de los límites de las competencias constitucionales que tiene el Senado».

Argumentó que un juicio político «es un procedimiento parlamentario administrativo en el que se juzgan conductas políticas y no un juicio ordinario de carácter jurisdiccional».

El Tribunal Superior de Justicia Electoral también se alineó con el nuevo mandatario, descartando cualquier posibilidad de adelantar las elecciones previstas en abril de 2013. «Franco es el legítimo presidente de la República de Paraguay y deberá completar el periodo constitucional 2008/2013. Lugo aceptó públicamente someterse al juicio político, antes de su inicio, con todas sus consecuencias» y acató el veredicto el día 22», subrayó. Puntualizó que ambos fueron elegidos, con una misma papeleta, presidente y vicepresidente del país y que los plazos para las elecciones «no pueden ser modificados».

Y, mientras se consolidaba «el golpe institucional» de la oposición, los países miembros del Mercosur se enfrentan al desafío de qué hacer con Paraguay, país fundador de este organismo junto a Brasil, Argentina y Uruguay. El domingo, suspendió su participación en la cumbre que celebrará hasta el viernes en la ciudad argentina de Mendoza. La medida, también adoptada por los estados asociados al Mercosur (Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia), se hizo en «enérgica condena a la ruptura del orden democrático». Pero, «no está claro qué sanciones puede adoptar el bloque, más allá de excluirlo del seno del Mercosur. Pero sí es esperable que en la cumbre haya una clara condena verbal a lo sucedido», consideró el analista Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político.

En su opinión, esta «inédita» situación constituye una «prueba de fuego para el bloque».

El nuevo Gabinete paraguayo acusó a sus socios del Mercosur de «extralimitarse». Sostuvo que con esa decisión «en nada contribuye a la paz y la tranquilidad pública de Paraguay, ni a la integración regional y se extralimita al descalificar decisiones adoptadas, en uso de sus legítimas atribuciones, por el poder legislativo paraguayo, tan electo por el pueblo como el expresidente Fernando Lugo y el presidente Federico Franco».

En este delicado contexto, la Organización de Estados Americanos ha adelantado a hoy una segunda sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, prevista para mañana, para analizar «los últimos acontecimientos».