El Tribunal Supremo de EEUU suprimió tres de las cuatro cláusulas clave de la ley del estado de Arizona contra la inmigración, pero dejó en pie la más controvertida, que permite a la Policía comprobar sin motivo la identidad de los inmigrantes.

Esta prerrogativa había sido muy criticada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que ven en ella un peligro de discriminación por motivos raciales.

No obstante el fallo del Supremo, por cinco votos a favor y cuatro en contra, supone una victoria política importante, aunque parcial, para el Gobierno del presidente Barack Obama, que argumentó que la ley SB1070 de Arizona usurpaba los poderes federales para hacer cumplir la legislación sobre inmigración en todo el territorio de Estados Unidos.

Una de las cláusulas anuladas convertía en delincuentes a los inmigrantes «sin papeles» que obtuvieran o simplemente solicitaran un trabajo; otra autorizaba el arresto sin permiso judicial de personas que hubieran cometido un delito que fuera causa de deportación, y la tercera exigía a los inmigrantes que se registraran en oficinas del Gobierno federal.

Pero, el Supremo dejó en pie la cláusula que autoriza a la Policía y otros agentes de seguridad a verificar el estatus migratorio de personas sobre las que tengan «una razonable sospecha, pero no podrán detenerla ni deportarla.