En primer lugar es de justicia destacar que el Gobierno de Patxi López es el primero en ofrecer reconocimiento legal e institucional a víctimas de la violencia estatal. Otros tuvieron antes la oportunidad y no lo hicieron.

Pero, a renglón seguido, también el Ejecutivo autonómico ha de admitir que sigue habiendo víctimas de primera categoría (las de ETA) y otras que no llegan a ese estatus. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, ya admitió ante la ponencia parlamentaria que no querían organizar un acto político de reconocimiento a estas víctimas que, por no tener, ni siquiera tienen una denominación entendible. Y lo de ayer fue un sucedáneo colado de tapadillo. Mucho rango para la presentación de un documental y muy poco para un verdadero homenaje. Nada que ver, desde luego, con el que el Gobierno de Ibarretxe organizó el 22 de abril de 2007 para las víctimas de ETA en el Palacio Euskalduna, con más de un millar de invitados y a donde el lehendakari acudió hora y media antes del inicio para ir recibiendo personalmente a cada una de las víctimas. Ante un auditorio lleno y con solemnidad, leyó un manifiesto consensuado con petición de perdón incluida.

En esta ocasión, sin embargo, el reconocimiento llega sin presencia del lehendakari y parcelado en lo temporal. Sólo a las víctimas de 1960 a 1978 y en relación a «los excesos cometidos por funcionarios públicos en esa etapa predemocrática». La violencia estructural del Estado no fue ni es cosa de funcionarios descarriados. A Txiki y Otaegi los fusilaron batallones de voluntarios, sí, pero quien dictó su sentencia de muerte fue el Estado. A miles de ciudadanos y ciudadanas los torturaron policías y guardias civiles, pero a las órdenes del Estado, con el amparo y el encubrimiento de sus superiores, con jueces que miraron a otro lado cuando se presentaron denuncias y con gobiernos de UCD, PSOE y PP que firmaron los indultos para los pocos agentes que alguna vez resultaron condenados. Tirar a matar en los controles no es una decisión individual.

Como dijo Inés Núñez, corresponde al Estado reconocerlo y pedir perdón.