Gernika, Madrid, Iruñea y Bilbo fueron escenario ayer de sendos actos en memoria de las víctimas. De todas las víctimas en el primer caso, de parte de ellas en los otros. En la villa foral, diputados y senadores de Amaiur trasladaron su pesar a todas las personas a las que se les han conculcado sus derechos básicos, y apostaron por una reconciliación basada en el respeto, el reconocimiento, la reparación y la memoria. Desde el punto de vista de la sensibilidad democrática y de la búsqueda de una convivencia normalizada en este país, el documento leído ante el Árbol de Gernika es intachable.

El objetivo de los actos del Congreso español y el Parlamento navarro era muy diferente, igual que el ánimo de buena parte de los grupos que asistieron a ellos. Haciendo una lectura parcial de la violencia ejercida en las últimas décadas, ambas cámaras insistieron en discriminar a unas víctimas de otras, partiendo además de una falacia, como es atribuir a ETA la muerte de la niña Begoña Urroz. Para quienes son capaces de manipular el dolor sincero de unas víctimas por espurios intereses, faltar a la verdad no es gran inconveniente.

Mientras, en la sede de EITB fueron recordadas unas víctimas que han permanecido en el olvido demasiado tiempo. Organizado por Lakua, el acto de reconocimiento a las víctimas del Estado -aun con el eufemismo de «abusos policiales»- supone un paso que hasta ahora no había dado ningún ejecutivo. Sin embargo, si su voluntad es sincera, no se entiende la decisión de limitar ese reconocimiento público. Porque, más allá de que el decreto recientemente aprobado fije esa limitación, ayer podían haber sido reconocidas todas las víctimas del Estado, también las posteriores a 1978. Paradójicamente, frente a la manipulación de unos y el olvido consciente de otros, aquellos que recordaron a todas las víctimas por igual son quienes todavía sufren amenazas de ilegalización y el acoso de quienes son incapaces de mostrar su misma sensibilidad y respeto.