La Comisión Europea (CE) ha concluido que los contratos firmados en diciembre de 2006 entre la sociedad pública Bizkailur, de la Diputación de Bizkaia, y la empresa de construcción Habidite implicaron una «ayuda de Estado ilegal».

Para Bruselas, los dos contratos, que tenían por objetivo poner en marcha en el municipio vizcaino de Alonsotegi una fábrica de construcción de módulos prefabricados para edificar viviendas y la adquisición de 1.500 viviendas modulares, fueron contrarios a la ley ya que «las medidas no se notificaron a la CE antes de su concesión».

Precisa, no obstante, que la decisión no implicará la necesidad de recuperar las subvenciones, dado que no se llegó a desembolsar ninguna ayuda, pues el proyecto se suspendió y no llegó a materializarse.

Contratos

Según el primer contrato, las autoridades públicas de Bizkaia y Bizkailur, una empresa pública que tiene por objetivo desarrollar vivienda social, iban a comprar terreno para transformarlo en suelo industrial y preparar la construcción de la nueva fábrica de Habidite en Alonsotegi.

La CE explica que el segundo contrato establecía que las autoridades públicas se comprometían a comprar a Habidite 1.500 apartamentos para venderlos como «viviendas tasadas», una categoría de alojamiento social.

La investigación de la CE reveló que ambos contratos incluían elementos de ayuda estatal en favor de Habidite.

El grupo del PSE en las Juntas Generales de Bizkaia señaló ayer que el dictamen de la CE supone «un nuevo fracaso en el listado de proyectos estrella» de José Luis Bilbao. En concreto, lo comparó con el proyecto del Guggenheim II. Añadió que «estaba muy claro» que Bruselas iba a considerar las ayudas ilegales, puesto que los propios informes jurídicos de la Diputación ya avisaban de esta posibilidad.