A partir de agosto las personas que deseen adquirir un mucolítico, o bien tengan que acudir a una farmacia por algún problema estomacal, ya sea diarrea o estreñimiento, tendrán que pagar el coste íntegro del medicamento. Ya no valdrá con acudir al médico para obtener una receta que cubra parte del gasto.

Dentro de tres días, 425 medicamentos, entre los que figuran los antinflamatorios y miconazol -empleado para combatir la dermatitis del pañal- quedarán al margen de las subvenciones, sin financiación pública.

Así lo anunció ayer la ministra española de Sanidad, Ana Mato, que aprovechó la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad para presentar su polémica propuesta. Una medida con la que se esperan ahorrar 440 millones de euros pero que puede dificultar el acceso de miles de personas a medicamentos comunes, como son las lágrimas artificiales -empleadas para tratar la sequedad ocular-, o los bioflavonoides, utilizados para poner contrarrestar las varices y las hemorroides.

Según explicó este miércoles la agencia Europa Press, en el documento presentado por el Ministerio de Sanidad se detalla que los médicos «pueden y deben» seguir recentando los citados tratamientos, «si bien deben saber que los pacientes tendrán que satisfacer la totalidad del precio en el acto de la dispensión».

Aplicación en el aire

La primera respuesta a la medida fue protagonizada por el consejero de Sanidad de la CAV, que no tuvo reparos en criticar la nueva norma. En tono irónico, Rafael Bengoa señaló que «ya no es tan importante que los españoles tengan diarrea o estreñimiento». Es este sentido, el responsable del Servicio Vasco de Salud recordó que los medicamentos excluidos de la financiación son «bastante importantes para muchísimas personas».

Sin ocultar su disconformidad con la medida, Bengoa subrayó que su Departamento no sabe «qué es lo que hay detrás» de la decisión, ni cómo se ha elaborado. «Porque es importante saber si se ha decidido por un razonamiento científico o en una cocina de una casa», añadió.

En cuanto a la aplicación de la medida, en un primer momento el titular de Sanidad anunció que el Gobierno de Gasteiz no tiene intención de caminar en la dirección marcada por Madrid.

Sin embargo, a media tarde fuentes del Gobierno de Gasteiz matizaron las palabras del consejero, y explicaron a GARA que, por el momento, se desconoce si Sanidad aplicará o no la medida. «Desde la Dirección de Farmacia creen que es de obligado cumplimiento, pero no se descarta que una comunidad se pueda declarar insumisa siempre que pueda afrontar la financiación», afirmaron.

Quien prefirió no pronunciarse al respecto fue la consejera de Salud del Ejecutivo de Nafarroa, Marta Vera, que se limitó a detallar el procedimiento diseñado por el Gobierno de Barcina para liquidar las cuantías aportadas por los pacientes que superen en la prestación farmacéutica los límites mensuales de 8, 18 o 60 euros, en función del nivel de renta. Según explicó, la devolución se ejecutará mediante ingreso directo a la cuenta bancaria cada tres meses.