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La Diputación de Bizkaia achaca a Lakua «ineficacia» en la gestión del Consejo Vasco de la Cultura

Presidido por la consejera de Cultura de Lakua, Blanca Urgell, se reunió ayer, en el Artium, el pleno del Consejo Vasco de la Cultura. Participaron tanto representantes institucionales como de los sectores culturales.

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GARA | GASTEIZ

En su saludo de bienvenida, la consejera de Cultura agradeció el trabajo realizado durante estos meses por todos los agentes que han participado en los diferentes proyectos de los grupos operativos. En este sentido, se informó al pleno de la evolución y el estado de los mismos, que se ha materializado en las reuniones de trabajo de los once grupos operativos y los correspondientes informes periódicos de seguimiento, que han sido remitidos a todos los miembros de los grupos, de la Comisión Interinstitucional y del Consejo.

En la reunión se puso especial atención al futuro y sentido de los planes estratégicos en cultura, con un debate abierto fundamentalmente con los agentes culturales y del que se recogieron diversas aportaciones que serán plasmadas en un documento a valorar en el próximo Consejo Vasco de la Cultura a celebrar a finales de año.

Se presentó también la situación del proceso de reflexión relacionado con el derecho al acceso a la cultura, trasladando el interés y conformidad de las Instituciones para llevar a cabo un proceso de reflexión y debate al respecto en la sociedad.

Críticas de Bizkaia

La Diputada de Cultura de Bizkaia, Josune Ariztondo, recordó que el borrador del proyecto de ley de acceso a la cultura se ha quedado en borrador después de tres años. Durante el tiempo transcurrido no se ha buscado el acuerdo de las instituciones públicas, no se ha dado a conocer a los partidos políticos y no ha sido contrastado con los sectores culturales. Y a pesar del empecinamiento del Departamento de Cultura en mantener tal redacción en el Consejo Vasco de la Cultura, ni siquiera hay mención alguna a esta ley en el calendario legislativo del gobierno. Ariztondo puntualizóque el texto presentado no tiene el mínimo nivel de maduración y contraste exigible a «un borrador de proyecto de ley».

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