Esta expresión ha sido extraída del último cuaderno de FAES, fundación del Partido Popular. Contrariamente a lo que se pudiera suponer, esta frase no se refiere a la situación de quiebra del Estado, sino que se refiere al referéndum de Escocia, al cual le han dedicado un detallado capítulo y en el cual previene del peligro que supone para España este referéndum. E insta al Gobierno a tomar medidas con prontitud sobre la estrategia a seguir, tanto en el plano interno como en el de la Unión Europea (UE).

El diario «ABC» ya nos adelantó, el 28 de febrero, que Rajoy buscaría una respuesta común de la UE frente a los separatistas, fomentando medidas diplomáticas en aras a dejar fuera de la Unión y fuera del Euro a cualquier nuevo estado que pudiera surgir en seno de la UE. Estos propósitos, sumados a la recuperación del leit motiv «Gibraltar español», y el que ya se manifieste de manera habitual la necesidad de reforma constitucional cara a reforzar el estado unitario y centralista, nos deja entrever un futuro restrictivo de cara a lo que puedan ser reclamaciones democráticas por parte de las naciones existentes en el Estado español. ¿Qué estrategia debemos seguir los soberanistas frente a este escenario?

Hace ya treinta años que las fuerzas democráticas y soberanistas solicitaron la inclusión del Derecho a la Autodeterminación en la Constitución española de 1978. Pero los «padres de la Constitución» presionados por las fuerzas vivas del franquismo, destacándose el Ejército, decidieron no recoger este derecho, sino avisar y amenazar, en su artículo 8.1, que ante posibles tentaciones secesionistas, el garante de la unidad de España sería el Ejército español manu militari.

En estas décadas parlamentos como el vasco, el catalán y numerosas corporaciones locales han realizado varias declaraciones a favor del Derecho de Autodeterminación. El Estado, en cambio, sigue anclado en posiciones inmovilistas y ha rechazado todo aquello que tenga la más mínima sospecha soberanista por mucho apoyo democrático que posea; ya sea el Estatuto aprobado en el Parlamento vasco, proponiendo un modelo de Estado libre asociado o una ley de consultas. De la misma manera, fracciones enteras del Estatut aprobado en el Principat de Catalunya fueron cepilladas y eliminadas, incluyendo la definición de Cataluña como nación.

Estos hechos han conseguido el efecto contrario. El soberanismo se ha incrementado en las sociedades vasca y catalana, por lo cual es hora ya de abordar la cuestión del derecho a decidir, dentro del marco europeo, como una manifestación de la democracia europea. A nivel internacional, Canadá ha sido un referente en la materia, ya que, no solo respetó los dos referéndums independentistas en Quebec, sino que la Corte Suprema expresó cuáles debían ser las condiciones de un proceso independentista de un territorio canadiense, que posteriormente se recogieron en una ley (Clarity Act). Las tres condiciones fijadas son: referéndum con pregunta clara, mayoría inequívoca y secesión pactada. Otros estados europeos también han contemplado la opción de la independencia, como Dinamarca con Groenlandia y el Reino unido con Irlanda del Norte, o actualmente con Escocia. Estos hechos han supuesto que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya confirmado que la secesión unilateral no es contraria al derecho internacional, abriendo la puerta a la existencia de un nuevo Derecho a la Autodeterminación en formación diferente al clásico (descolonización).

La UE, si bien siempre huidiza a los «asuntos internos», en numerosas ocasiones, ha defendido el Derecho a la Autodeterminación como uno de sus principios y lo ha reclamado cara a solucionar conflictos como el de Chechenia, Sudán del Sur o Kosovo. De igual forma, en el caso norirlandés, la Unión no solo alabó el Acuerdo de Viernes Santo, que reconoce el derecho de autodeterminación, sino que ha sido el principal soporte del programa PEACE para ese territorio.

Más recientemente, la propia Unión Europea monitorizó el proceso de independencia de Montenegro, en 2006, estableciendo unos «estándares democráticos» que casualmente (o no) fueron los mismos que en su día dictaminó la Clarity Act canadiense. Podemos afirmar que hoy en día, cara a un proceso de autodeterminación, se deben exigir las siguientes circunstancias: un proceso en ausencia de violencia (incluyendo a los del artículo 8 de la CE), un procedimiento democrático con una mayoría clara y un acuerdo entre el estado matriz y el nuevo estado. ¿Y en el caso de no ser posible un acuerdo? En este caso habrá que actuar de manera unilateral, ya que como afirma la CIJ este hecho no supondría ninguna violación de norma alguna del Derecho Internacional. Eso sí, debe quedar claro a todas luces, y más en el seno de la Unión, quién es la parte que no tiene voluntad de acuerdo.

A día de hoy, en Estado español, los estatutos de autonomía se han quedado obsoletos sin ni siquiera ser cumplidos en su integridad y en el caso de Navarra, ni siquiera refrendado. El Tribunal Constitucional español ha negado legitimidad dentro de la Constitución de 1978 a las propuestas políticas que supongan ejercicio de la soberanía propia a la nación vasca y catalana. El Estado está completamente desorientado en un mundo y una Europa cambiante, y a la crisis económica galopante se le suma la territorial. La corriente actual de reconocimiento del derecho a decidir, que se está dando en Europa y en Occidente, se ve como una amenaza en vez de como una oportunidad, y lo que es más grave aún, ante esa amenaza el PP aspira a liderar en la UE, el lobby que azote del soberanismo ya sea escocés, vasco, flamenco o catalán.

Sin duda, Spain is different. Desde Amaiur consideramos que ha llegado la hora que Euskal Herria pueda conformarse, si así lo decide la ciudadanía, en un Estado en la Europa del Siglo XXI. Por ello y en base al principio democrático vamos a proponer una vía lógica y democrática en la que se pueda recoger normativamente el acceso a la independencia de las naciones del Estado.

Hoy, Amaiur, junto a ERC, propondrá la creación de un grupo de trabajo, en el cual se invitará a tomar parte a todas las formaciones democráticas y soberanistas, del Estado que lo deseen, con el fin de que puedan sumarse a hacer aportaciones a un borrador de un proyecto de ley que regule el derecho democrático a decidir.

«Ante la gravedad del momento histórico».... derecho democrático a decidir.