Zinez Elkartea, productora del documental «Barrura begiratzeko leihoak», anunció ayer su renuncia a la subvención de 9.000 euros que le había concedido el Ayuntamiento de Donostia, así como al resto de las ayudas públicas. Busca con ello que la polémica creada en torno a su trabajo, que ha llegado al punto de que el ministro del Interior español amenazara con ilegalizar Bildu, no perjudique a nadie. Se trata de una decisión que honra a los promotores del documental, pero que al mismo tiempo debe ser recibida con gran preocupación por cualquiera que sienta un mínimo respeto por la libertad de expresión y la creación cultural.

Porque la injustificada campaña desatada contra este documental, antes siquiera de haberse estrenado, sienta un peligroso precedente. Con una actitud mucho más cercana a la Inquisición medieval que a las normas de convivencia propias del siglo XXI, algunos partidos e instituciones -no solo el Gobierno español, también los grupos municipales del PSE, el PNV y el PP- han protagonizado un acoso inaceptable contra quienes solo buscan llevar a la pantalla una visión «humana» de la realidad que se vive en las prisiones. No tiene por qué gustar a todo el mundo, pero su historia tiene el mismo derecho que cualquiera a ser contada. Al objeto de impedir la solidaridad con los presos, en los últimos años se han prohibido pancartas, carteles, pegatinas y retratos. Ahora los nuevos inquisidores persiguen el simple testimonio, pretenden apagar cualquier voz diferente a la de los altavoces oficiales.

Con esa actitud se retratan a sí mismos, desnudan su alma censora, pero también interpelan a la sociedad vasca, que tiene ocasión de recuperar un espíritu solidario que ha dado origen a un sinfín de iniciativas culturales y sociales. Los productores del documental piden su apoyo para que este proyecto salga adelante. Para que la ventana se abra de par en par y empiece a entrar, por fin, aire fresco en este pueblo.