La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer un proyecto de norma foral para que se imponga un límite de gasto de 25 euros al mes para los guipuzcoanos que utilicen la A-8 y la AP-1 y dispongan del dispositivo de descuento Via-T. La medida afectaría a 15.000 familias y supondría que Bidegi recaudase 1,2 millones menos. «Entre recaudación económica y justicia social, optamos por lo segundo», dijo la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte. Según los cálculos de su departamento, hay casos en los que las familias ahorrarían más de 700 euros al año.

Acompañada por el director de Infraestructuras Viarias, Joseba Altube, y por el director de Movilidad, Unai Erroitzenea, Ugarte informó que la iniciativa busca «paliar la sangría que supone el actual sistema de peajes», y añadió que el actual sistema de financiación es «totalmente injusto», ya que toda la ciudadanía paga mediante los presupuestos las carreteras, pero además algunos guipuzcoanos son «esclavos de estas vías» y «pagan ingentes cantidades de dinero por el uso de la AP-8 y la AP-1, sin alternativa, y además en la mayoría de los casos para ir a trabajar».

Recordó que la ponencia de las JJGG se creó para debatir y acordar criterios políticos sobre la financiación de carreteras, impulsada, entre otros motivos, porque se detectaron «graves problemas» para afrontar el mantenimiento como para hacer frente a la deuda, tanto en la Diputación como en Bidegi.

La propuesta presentada ahora deberá pasar por el Consejo de Administración de Bidegi y por el Consejo de Diputados antes de llegar a las JJGG para su posible aprobación. Si se lograse el consenso, podría estar en marcha en diciembre.

La ponencia sigue en setiembre

Desde febrero, los partidos políticos con representación en la cámara territorial han debatido sobre cuál es la mejor alternativa para Gipuzkoa. Un proceso en el que también han participado agentes implicados, como sindicatos o transportistas. Y en este punto, Ugarte lamentó que cuando ha llegado la hora de concretar criterios políticos, el PNV y el PSE han decidido «sabotear la ponencia» en la reunión mantenida el miércoles.

En esa cita, PNV y PSE pidieron a la Diputación que elaborase otra propuesta -este último no tiene obligación legal de realizar ni siquiera una-, y solicitaron que se votaran las aportaciones que habían presentado. Aralar, PP y BILDU se negaron, al considerar que no tiene sentido votar las aportaciones de un documento que al mismo tiempo quieren echar por tierra.

Pese a que la ponencia se volverá a reunir el 3 de setiembre, Ugarte señaló que el Gobierno de Bildu «seguirá realizando propuestas, sin estar a la espera». En su opinión, es «prioritario paliar el desequilibrio entre los usuarios del territorio y, sobre todo, la sangría que sufren algunos teniendo en cuenta la grave crisis económica».