Zinez Elkartea, la productora del documental «Barrura begiratzeko leihoak-Ventanas al interior», anunció ayer su renuncia a la ayuda de 9.000 euros que iba a recibir del Ayuntamiento donostiarra, así como a las que había solicitado a otros consistorios y a la propia Diputación de Gipuzkoa y que aún no se habían tramitado. Haizea Belza y el abogado Luix Barinagarrementeria dieron a conocer la decisión en rueda de prensa, y denunciaron que «no es justo» someter a la sociedad a «tensiones» como las que se han creado en torno a esta película, aún sin terminar.

Tras conocer la decisión, el concejal donostiarra de Derechos Humanos, Axier Jaka, hizo público un comunicado en el que en nombre del Consistorio agradece a los productores que hayan renunciado a ese dinero «para no perjudicar a terceros» en «un gesto que les honra», porque aunque la subvención era una parte pequeña del presupuesto, «no habrá sido fácil».

Los representantes de Zinez Elkartea explicaron en su rueda de prensa que en el documental, rodado por cinco directores distintos, se intenta abordar un tema que «preocupa a la sociedad» y hacerlo «desde una visión propia», además, de «fundamentalmente humana» que queda «fuera de lo que son los relatos clásicos, heróicos y de satanización».

Al margen de que la película pueda gustar a unos y no a otros, Belza y Barinagarrementeria defendieron el derecho de la productora a hacerla y del público a verla. Destacaron que «ningún gobierno tiene derecho a coartar la libertad creativa y de expresión» de ningún artista o productora y recordaron lo que ocurrió con la película 'La pelota vasca' de Julio Médem.

A su entender, «no es justo someter a la sociedad a tensiones como la que se han creado con esta película» y se han preguntado si quizá lo que hay que hacer es entregar la cinta al Ministerio de Interior para que diga «qué es censurable y qué no». «No nos gusta que se nos utilice de alguna manera para perseguir a nadie y no queremos que el Gobierno someta a la sociedad a una tensión y un malestar que son innecesarios».

Ignorados por PNV, PSE y PP

Antes de que el Ministerio de Interior entrara en la polémica con la amenaza de ilegalización de Bildu, PNV, PSE y PP ya habían encendido la mecha denunciando la decisión municipal de conceder la subvención. Los portavoces de Zinez han asegurado que llevan tres semanas intentando ponerse en contacto con los grupos de la oposición en el Consistorio donostiarra, pero les ha sido «imposible» porque les han «ignorado».

Vigilancia constante a Bildu

Tras conocerse la renuncia a la subvención, fuentes del Ministerio de Interior explicaron que era «lo mínimo» que cabía esperar y que toman nota de ello, pero que no se bajará la guardia en la exigencia a Bildu de respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha legalizado Sortu.

Sin haberlo visto, estas fuentes insisten en que el documental prevé una exaltación del terrorismo y que subvencionarlo contravenía la citada sentencia. La ayuda del consistorio donostiarra, se ha recalcado desde Interior, «traspasaba una línea roja» y «no podía seguir adelante de ninguna manera».

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó por su parte que desde su institución no se había abierto todavía ninguna actuación por la cuestión de este documental, aunque apuntó que los fiscales estaban recogiendo la documentación oportuna sobre la subvención para valorarla desde el punto de vista procesal y técnico-jurídico.

Torres-Dulce explicó que los fiscales investigan «día a día» los informes policiales que reciben sobre la existencia de posibles indicios delictivos. Apuntó que «recibimos constantemente y valoramos los indicios que pudieran darse. Ya lo hemos declarado cuando se nos consultó sobre la legalización de Amaiur en su momento».

Aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen «permanentemente» la orden de transmitir de modo «constante» a la Fiscalía la información acerca de «todas las organizaciones que pudieran ser susceptibles de ilegalización»-

Y precisó que, «por lo tanto, permanentemente el fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recibe información de Policía y de Guardia Civil, es decir de todos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estamos valorándolas continuamente».