La sentencia del Tribunal Constitucional que legalizaba a Sortu destapó la caja de los truenos y toda la fachenda rugió, al unísono, que se abre la puerta de las instituciones al brazo político de ETA. Desde las portavocías de las atomizadas asociaciones de víctimas, se veía con claridad la mano negra, el cumplimiento de la hoja de ruta del pacto de Zapatero con ETA, que con insistencia vienen denunciando desde hace tiempo.

El razonamiento es sencillo: como los magistrados que votaron a favor de la legalización no son los de la ultraderecha radical, que quedaron en minoría, la culpa del nefando crimen es de quien nombró a los prolegalización, es decir del PSOE. Nada extraño si se tiene en cuenta que beben de las aguas ideológicas que fluyen del manantial Mayor Oreja. Pero tampoco está exento de responsabilidad el PP: su autoría por colaboración necesaria deriva del hecho de no haber sustituido a esos magistrados rojo-masones por otros de los nuestros», en la seguridad de que, de haberlo hecho, su independencia de criterio, les haría llevado a dictar otra sentencia bien distinta y ratificadora de la buena, que es la del Supremo, que para eso se llama así. Había que cambiar el árbitro para ganar el partido.

Algunas han ido más lejos, como la Lideresa, la inefable Esperanza Aguirre, mujer de muchos arrestos y con poderes tales que, según dicen, desvió el trazado del AVE para que pasara y parara en unas tierras de su maridito a varios kilómetros de Guadalajara. Espe no se corta un pelo y no habla de sustituir los árbitros, sino directamente de suprimir el TC y sustituirlo por una sala del Supremo, que esos sí que son jueces fetén y dictan siempre las sentencias que convienen a la gente como Dios manda. Un pilar básico de la intocable Constitución abolido en segundos por ese portento político.

Todo eso en la Villa y Corte, pero aquí también hay quien está empeñado en conseguir que el resultado de los partidos sea siempre a su favor.

Hace unos días se publicó que Interior, es decir, Ares, vetaba a una catedrática por actuar en un juicio en la Audiencia Nacional contratada por la defensa de un presunto miembro de ETA.

El texto explicaba que la catedrática de Biología Celular estaba contratada por la Ertzaintza y por otros cuerpos policiales para auditar los laboratorios de genética (ADN), de sus respectivas policías científicas y establecer si se ajustan a los cánones de calidad legalmente exigidos por la normativa internacional. Hasta ahí todo normal. Pero ocurre que la catedrática en cuestión había comparecido en ocasiones ante la Audiencia como experta en genética, propuesta por la defensa de los acusados, en asuntos en los que ertzainas actuaban como peritos de la acusación. Incluso, en algún caso, los acusados fueron absueltos, y eso no ha gustado nada a los jefes de los laboratorios auditados que han decidido vetarle. Hay que ganar los partidos. Cuestión genética.