El Gobierno español desembolsó 10.926.000 euros en expulsar migrantes solo en el período que transcurre entre enero y abril de este mismo año. En estos cuatro meses, Madrid ha deportado a 3.337 personas sin documentación reglamentaria y ha devuelto (término que se emplea en los casos en los que ni siquiera se permite a los migrantes pisar suelo estatal) a otras 2.271, lo que da un total de 6.070. El coste medio de cada expulsión está cifrado en 1.800 euros por persona. La mitad de esta cantidad se destina a pagar el viaje de los policías encargados de la custodia. Estas cifras forman parte de la respuesta escrita aportada por el Ejecutivo español a Jon Iñarritu, diputado de Amaiur que presentó una batería de interrogantes después de presenciar cómo varios agentes trataban de expulsar por la fuerza a un subsahariano en el interior de un vuelo..

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en lo que va de año se ha expulsado a una media de 50 migrantes al día. Una cifra que apunta a que el Ejecutivo del PP ha pisado el acelerador de las expulsiones. En 2011, según los datos facilitados a IU, el número total de personas devueltas a otros países fue de 11.358, por lo que el actual Gobierno ha sobrepasado ya la mitad únicamente en el primer tercio del año.

La respuesta del Gobierno no incluye el presupuesto destinado para el ejercicio 2012 a la expulsión de migrantes en situación irregular, pese a que Amaiur sí que solicitó el dato. No obstante, haciendo una prospección con lo que ya se ha gastado puede deducirse que Madrid gastará a finales del presente año más de 32 millones de euros en evacuar a personas que no han logrado regularizar su situación en el Estado.

La mitad, sin respuesta

Al margen de los datos que aporta el informe, lo relevante está en lo que no contesta el Gobierno. De 25 cuestiones planteadas por la coalición independentista, el Ejecutivo no responde a la mitad, sin aportar ninguna explicación. Entre los interrogantes que permanecen sin ser desvelados están, por ejemplo, cómo garantiza la administración los derechos humanos de los migrantes o cuántos han denunciado maltrato.

Por último, el Ejecutivo asegura que no tener papeles en regla no es motivo suficiente para la expulsión, sin dar detalles sobre cuál es el criterio para encerrar a estas personas en CIES. Desde Amaiur se instó al Gobierno a responder a todas las preguntas y se abogó por el cierre inmediato de estos centros.