El Tribunal Supremo estadounidense declaró ayer constitucional la reforma sanitaria promulgada por el presidente, Barack Obama, en 2010, que pretende que a partir de 2014 la mayoría de estadounidenses cuente con cobertura médica y que va a suponer el mayor cambio del sistema de salud del país desde 1965, cuando se crearon el Seguro Social y los programas públicos Medicaid, para personas sin recursos, y Medicare, para la tercera edad y jóvenes minusválidos.

El objetivo de la reforma es abaratar el sistema sanitario al incorporar a unos 32 millones de personas -casi la totalidad de los 46 millones de ciudadanos sin cobertura médica-, y poner en orden un sector clave para la economía del país, que representa el 18% del PIB.

El Alto Tribunal emitió la decisión judicial más esperada de las últimas décadas y sacudió la carrera presidencial de forma imprevisible, ya que el fallo puede inclinar la balanza a favor del mandatario saliente.

De los nueve magistrados del Tribunal Supremo, cinco se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la gran mayoría de la Ley de Salud Asequible, entre ellos su presidente, el conservador John Roberts, cuyo voto resultó decisivo, y cuatro en contra. Estos últimos pidieron que la ley fuera derogada en su integridad.

Nuevo impuesto

La mayoría decidió que sancionar a los estadounidenses que no compren un seguro médico puede ser considerado como un nuevo impuesto y que el Congreso tiene potestad para ello. «La Constitución permite un impuesto de ese tipo, y no nos corresponde prohibirlo, o juzgar si es adecuado o justo», dijo Roberts, que se sumó a los magistrados progresistas.

La obligación de comprar un seguro médico, en un país donde 32 millones no tienen o no pueden permitirse la cobertura médica, ha dividido a los estadounidenses desde la aprobación de esta reforma, piedra angular del primer mandato de Obama, en marzo de 2010.

Los sondeos indican que una ligera mayoría de estadounidenses rechaza esa obligatoriedad, aunque otros aspectos de la ley, como los chequeos médicos gratuitos a cargo de las aseguradoras, son bien recibidos.

La mayoría de los jueces votó también a favor de imponer límites a la ampliación del programa de sanidad pública Medicaid, que cubre las necesidades de 16 millones de pobres, por considerar que supone una carga excesiva sobre los estados, pero declaró constitucional su expansión.

A partir de esta histórica sentencia, todos los estadounidenses deberán obtener un seguro médico privado -el polémico «mandato individual»- antes de 2014 bajo pena de sanciones financieras. Desde ese año, podrán optar a un abanico de seguros privados «de calidad y asequibles», manifestó un sonriente Obama tras conocer el fallo.

«Más allá de la política, la decisión ha sido una victoria de todos, cuyas vidas ahora están más seguras», declaró Obama en la Casa Blanca. «La gente que tiene la capacidad de permitirse un seguro debe y tiene la responsabilidad de adquirirlo», indicó.

La ley obliga, además, a las compañías de seguros a aceptar a cualquier persona aunque tenga problemas de salud y permite a los jóvenes a seguir inscritos en las pólizas de seguro de sus padres hasta los 26 años de edad y a los jubilados pagar menos por sus medicinas. Tampoco podrán imponer límites a la curación de sus aseguradoras no podrán discriminar a los niños con enfermedades previas.

«Mala ayer, mala hoy»

Su rival republicano en la carrera presidencial, Mitt Romney, prometió que abolirá la ley en su primer día como presidente, de ser elegido en noviembre. «`Obamacare' era una mala ley ayer. Es una mala ley hoy», afirmó.

La decisión del Supremo supone un mazazo para la oposición, cuyos líderes en la Cámara de Representantes se apresuraron a anunciar que votarán para revocarla el 11 de julio, algo que no tiene posibilidades de salir adelante en el Senado ni tampoco de ser rubricado por Obama.

La reforma es el gran logro político de la Presidencia de Obama, que los republicanos han intentado enterrar durante los últimos años argumentado que se inmiscuye demasiado en las vidas privadas de los ciudadanos y en el negocio de los diferentes estados.