La calle volvió a ser fiel reflejo de que el 28J sigue siendo una jornada de reivindicación como lo fue hace 43 años en los históricos disturbios en Nueva York tras una redada en el pub Stonewall Inn, punto de reunión de colectivos homosexuales en la Gran Manzana, o cuando hace 35 años se constituyó Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua (EHGAM) en nuestro país.

En una entrevista concedida a NAIZ.info, Imanol Álvarez, uno de sus fundadores, estimó que sus primeros objetivos como organización eran «intentar destabuizar la sexualidad y, por ende, la homosexualidad; y luchar por cambiar la legislación, y han sido, en gran medida, conseguidos». Ahora, se enfrentan a la campaña de la derecha por recortar libertades, también las afecto-sexuales, como por ejemplo eliminar «toda referencia a la sexualidad y a la homofobia en los programas escolares».

La consecución de diferentes reformas legales, a juicio de los colectivos que reivindican la diversidad sexual, no debe ser óbice para que se abandone la calle y reivindicar en ella la libertad de elegir libremente qué quiere hacer cada persona con su cuerpo. Esa realidad quedó ayer a la tarde de manifiesto en las calles de Bilbo, donde cientos de personas participaron en una marcha que partió de la Plaza Elíptica. Al igual que en Gasteiz, Donostia e Iruñea, los manifestantes centraron buena parte de sus críticas en la Iglesia católica y su campaña contra la diversidad sexual.

Al margen de las manifestaciones vespertinas, por la mañana diferentes instituciones públicas, especialmente diputaciones y ayuntamientos hicieron públicas declaraciones con motivo del Día del Orgullo LGTIQB, en muchas de forma unánime o en otras como en el Consistorio gasteiztarra, un documento suscrito por Bildu, PSE y PNV. Como el Gobierno foral de Gipuzkoa, en la capital alavesa, se comprometen a apoyar «la despatologización de la transexualidad, que exija que la disforia de género sea eliminada del DSM y CIE -manuales de siquiatría- y enviarlo a la Red Internacional por la Despatologización de la Transexualidad».

En la Cámara de Gasteiz

La noticia más importante en el ámbito institucional llegó desde el Parlamento de Gasteiz, donde se aprobó la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que establece la posibilidad de que las administraciones de la CAV otorguen una documentación provisional a las personas que se han cambiado de sexo y que todavía no han conseguido cambiar su documento de identidad español. Varios representantes de colectivos saludaron desde la tribuna de invitados la iniciativa parlamentaria ondeando la enseña multicolor.

Con la aprobación de esta normativa, la CAV se convierte, después de Nafarroa, en la segunda comunidad autonómica que aprueba una ley de este tipo. El grueso del texto fue aprobado por unanimidad, aunque el PP no apoyó algunos artículos contra los que presentó enmiendas.

La ley pretende dotar de cobertura jurídica a la unidad específica para el tratamiento de estas personas que existe en el Hospital de Cruces. De esa forma, establece que se deberá regular reglamentariamente una unidad de referencia en Osakidetza para la atención médica, sicológica o sexológica de las personas transexuales. Esta unidad debe encargarse de definir el proceso a seguir en cada caso, conforme a las circunstancias personales, el estado de salud y los deseos personales de la persona que acuda a ella.

La normativa establece una interpretación más amplia de la transexualidad que la ley española. La legislación autonómica establece que se entenderá por transexual a quien haya procedido o esté en proceso de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil. Además, reconoce como transexual a la persona que acredite que «carece de trastornos de personalidad que la induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida, mostrando una voluntad estable, indubitada y permanente al respecto».

Serán reconocidas como transexuales las personas que, con la acreditación médica pertinente, presenten una «disonancia estable y persistente, durante al menos seis meses, entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia».

Integración

La ley contempla que se establecerá reglamentariamente la posibilidad de que los transexuales cuenten, mientras dure el proceso de reasignación de sexo, con documentación administrativa «adecuada», para favorecer «una mejor integración» durante el proceso, de forma que se evite «situaciones de sufrimiento o discriminación».

En el mismo artículo, se indica que las administraciones deberán eliminar de sus archivos toda referencia a la identificación anterior de la persona que haya cambiado de sexo, así como cualquier dato «que haga conocer su realidad transexual», con la excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial que conste en Osakidetza.

El PP se opuso a algunos de los contenidos de la ley, como el relativo a la regulación reglamentaria de la unidad de referencia, y lamentó que no se hayan «tenido en cuenta» sus propuestas a determinados apartados de la norma.