Los grupos parlamentarios de ERC y Amaiur en el Congreso español han constituido un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar un documento que recoja el derecho de autodeterminación, un derecho de profundo calado democrático que debería asistir a todas las naciones y que, sin embargo, ha sido orillado por la mayoría de los estados bajo el argumento de que se corresponde solo con los procesos de descolonización del siglo pasado. Sin embargo, el libre ejercicio del derecho a decidir, el respeto a la voluntad mayoritariamente expresada por cualquier pueblo, constituye un derecho colectivo básico, plenamente ligado al desarrollo de las colectividades en el siglo XXI. Al igual que dentro de unos meses la sociedad escocesa podrá pronunciarse sobre su futuro, no hay motivo que se atenga a la estricta lógica democrática que impida que el resto de las naciones sin estado pueda seguir su mismo camino. El argumento es inapelable: debe ser la ciudadanía la que decida el sujeto institucional en el que desarrollarse como tal. Sin imposiciones ni ataduras.

La constitución del grupo de trabajo, y la posibilidad de llevar a cabo un debate sereno en torno a la autodeterminación, es una muy buena noticia, y sería aun mejor si los estamentos del Estado aceptaran ese debate y sus consecuencias desde parámetros de democracia.