El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a LAB y ha admitido el recurso que interpuso el sindicato contra una sentencia del Juzgado contencioso Administrativo nº 2 de Donostia. En este caso se encuentran imputadas seis personas, entre ellas el exsenador del PNV y exdirector de Hacienda, Víctor Bravo, al que la Fiscalía imputa cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos por facilitar a la constructora catalana Glass Costa Este Salou S.L. acogerse a beneficios fiscales específicos de Gipuzkoa pese a no tener su sede social en este territorio.

Según la denuncia del fiscal, Bravo, junto a su mujer, Arantza Arbelaitz, que entonces presidía el Tribunal Económico Administrativo de la Diputación, y un despacho de asesores fiscales de Donostia, habrían permitido a esta empresa acogerse a beneficios de la norma de Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa al establecer en la capital donostiarra una sede ficticia.

Otro de los encausados es Rufino Eizagirre, quien fue jefe de la oficina técnica del diputado general en el mandato de Joxe Joan González de Txabarri, si bien los hechos comenzaron en 2002, durante el mandato de Román Sudupe, quien dejó el cargo en 2003.

LAB recuerda en su nota que, a raíz del descubrimiento de estos hechos, solicitó a la Diputación, que por entonces dirigía Markel Olano, información sobre las posibles incompatibilidades en que podrían haber incurrido los acusados en este caso. «Ante la reiterada negativa» foral a ofrecerle estos datos y a abrir un expediente informativo a estas personas, el sindicato presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Donostia que, sin embargo, lo desestimó al apreciar las alegaciones de la Diputación y resolver que la central no estaba legitimada para interponer el citado recurso.

«Implicaciones del PNV»

El TSJPV ha revocado ahora esta resolución y, en una nueva sentencia, estima el recurso interpuesto por LAB, al tiempo que «ordena a la Diputación la incoación de actuaciones inspectoras y el inicio, en su caso, del expediente sancionador».

En su comunicado, el sindicato afirma que «sigue siendo sorprendente» que «ante un fraude de estas características», del que, en su momento, fueron declarados responsables políticos por las Juntas Generales González de Txabarri, Víctor Bravo y el exdiputado de Hacienda Antton Market, la Diputación que presidió Olano «no fuera capaz siquiera de iniciar un procedimiento de investigación y apertura de expediente».

«Lo que es inadmisible -prosigue la nota- es que se haya hecho lo posible por parte de los responsables políticos del fraude para que la investigación penal no llegue hasta sus últimas consecuencias y que la trama organizada para robar dinero público a la Hacienda de Gipuzkoa recaiga sobre la cabeza de turco de Txema Bravo y oculte las implicaciones políticas del PNV y de personas como Eneko Goia, asesor de Hacienda en aquella época».