El PP, por un lado, y el colectivo ultraderechista Dignidad y Justicia, por otro, dieron cuenta el martes de sendas iniciativas que buscan la ilegalización de Bildu.

El PP anunció que presentará una moción para que Bildu condene la muerte del edil Miguel Ángel Blanco, ejecutado hace ahora quince años por ETA, que le secuestró para exigir al Gobierno español que pusiera fin a la dispersión penitenciaria. Según explicó Europa Press, el PP pedirá que se recupere «el espíritu de unidad democrática de aquellos días» para «exigir a ETA su disolución incondicional».

Fuentes del PP consultadas por la citada agencia auguran que Bildu se negará a condenar los atentados de ETA y que ello servirá de «prueba» ante una posible ilegalización en el futuro.

La Fiscalía lo analizará

Dignidad y Justicia, por su parte, entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe con un listado de casi noventa conductas de Bildu que, según dijo, constituirían indicios suficientes para iniciar un proceso de ilegalización.

Ayer, Eduardo Torres-Dulce manifestó que la FGE «examinará» ese informe. A preguntas de los periodistas en A Coruña, el fiscal general comentó que «en el asunto de ilegalización de partidos políticos (...) se está en permanente contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recibiendo y valorando pruebas».